Una anciana destapa el robo de 2,3 millones de euros tras descubrir que la dieron por muerta hace cuatro años


El pasado marzo, María, de 82 abriles, acudió a su entidad bancaria en Barcelona para pedir un duplicado de su taco. Para su sorpresa, el empleado que la atendió, al agenciárselas en la pulvínulo de datos, vio que la titular de la cuenta había fallecido cuatro abriles a espaldas. ¿Cómo era posible? Frente a la sorpresa de la anciana y del propio trabajador, a posteriori de que ésta acreditase ser la ‘fallecida’, el parcialidad, Caixabank, comprobó que cierto había presentado un expediente de testamento en la sucursal, y que una supuesta heredera de María había hecho efectivo el cobro del saldo que atesoraba: un total de 140.000 euros.

Fue la propia anciana la que formalizó la denuncia en presencia de los Mossos d’Esquadra y así la dispositivo de delitos económicos, que comanda el subinspector José Donaire Merino, ha desarticulado una red que desvió 2,3 millones de euros de cuentas bancarias bajo el mismo método: el de los falsos herederos. En la cúspide del entramado, un empleado de Caixabank, encargado de optar a las víctimas. Escogía cuentas bancarias de personas de antigüedad destacamento, con gran cantidad de hacienda, y que no registrasen ningún movimiento durante los últimos abriles. Es opinar, cabía la posibilidad de que hubiesen fallecido.

En siete de los casos fue así, los titulares de las cuentas habían muerto y nadie había reclamado el hacienda, por lo que, falsificando ingente documentación y valiéndose de un tercero -distinto en cada una de las ocasiones-, pudieron hacerse con los fondos, pero con María cometieron un error. Fue así como arrancó la investigación, por la que la Policía catalana comenzó a rastrear los movimientos bancarios -con colaboración de la entidad- de posibles cuentas saqueadas con el mismo patrón. El huella del hacienda les llevó a descubrir un entramado, por el que los implicados blanqueaban los miles de euros sustraídos.

Primero, para poder cobrarlo, un falsificador, ‘socio’ del trabajador de Caixabank, se empleaba a fondo para crear los documentos a presentar en presencia de la entidad. Y es que el empleado solo buscaba a las posibles víctimas, el resto del proceso lo verificaban en el parcialidad, y era así como conseguían acontecer todos los filtros. Para ello contrataban a personas que se hiciesen acontecer por herederos del titular de la cuenta, y eran éstas quienes presentaban el testamento, el memoria legal de saludo de la herencia, así como el registro del memoria de últimas voluntades. Documentos falsificados con «gran pericia», constatan los investigadores. Incluso llegaban a presentar el certificado de suscripción del impuesto de sucesiones.

Aparentemente, no había ningún lugar suelto, hasta que María se presentó en el parcialidad y, tras cinco abriles, la estafa saltó por los aires

Aparentemente, no había ningún lugar suelto, hasta que María se presentó en el parcialidad y, tras cinco abriles, la estafa saltó por los gracias. Los falsos herederos, que captaba el falsificador, cobraban una comisión de entre 4.000 y 5.000 euros por prestarse al fraude. Conseguían así, documentación mediante, retirar los fondos bancarios, que luego los estafadores blanqueaban a través de una inmobiliaria, que fundaron específicamente con ese fin. De ahí la importancia de seguir el huella del hacienda antaño de poder detenerlos.

La dispositivo de delitos económicos descubrió que canalizaban los fondos a través de inversiones en inmuebles, sobre todo, en el Pirineo (Sort, Masella y Llívia), con «empresas de nuevas creación», con un «sofisticado mecanismo», ha precisado el subinspector Merino. Incluso habían adquirido una docena de coches de entrada grado, todos ellos intervenidos, así como otra docena de propiedades. Las inversiones resultaron «muy lucrativas», porque los intereses intervenidos superan el medio millón de euros.

Fue así, con todas las pruebas recabadas, como los Mossos explotaron la operación el pasado miércoles, 29 de noviembre. El caso se ha saldado con nueve detenidos, en Rubí, Tarrasa, Sabadell y Barcelona, acusados de estafa, falsedad documental, enlucido y pertenencia a especie criminal. Tras acontecer a disposición del tribunal de vigilancia de la renta catalana, han quedado en voluntad con cargos. La Policía catalana sigue revisando ingente documentación para tratar de emplazar a nuevas víctimas.

 

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