El Consejo de Gobierno de Castilla y León, celebrado este jueves, segundo de la semana posterior al parón estival, ha aprobado el proyecto de ley que regula el funcionamiento de las residencias de mayores y personas dependientes, que será remitido así a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria. Procesando. Cuando sus señorías se incorporen a fines de septiembre, se encontrarán con este trabajo, pero también con una asignatura que quedó pendiente en julio, como la celebración del debate sobre política general en la que el Presidente del Directorio, Alfonso Fernández Manueco, deberá informar sobre el estado de la Comunidad. La cita, que según el Reglamento del Parlamento de Castilla y León debe celebrarse antes del 30 de junio, no se produjo al entender el Gobierno regional que las elecciones generales del 23 de julio iban a condicionar dicho debate, por lo que se aplazó hasta Septiembre.
Ayer, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz y ministro de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, Aseguró que “sigue en pie la comparecencia del presidente”, aunque deslizó que aunque se barajan algunas fechas “puede haber colisión con las sesiones del Parlamento nacional”, en referencia a la celebración el 26 y 27 de septiembre de el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, aclaró que “todavía no hay fecha”, entre otras cosas porque son las propias Audiencias regionales las que también deben establecer el calendario de la nueva sesión y aún debe convocarse la Mesa y la Junta de Portavoces para formalizar esta. proceso. .
Otras tareas pendientes del Ejecutivo regional tienen que ver con dos iniciativas que se enmarcan en el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en marzo de 2022. Indicó que antes del mes de julio se habría iniciado el proceso de elaboración de la ley sobre violencia intrafamiliar y el decreto de concordia, ambos requisitos de la abascal quienes ya han acusado públicamente a los populares de intentar retrasarlos. Hasta el momento, las dos iniciativas no han superado el procedimiento en Gobierno abierto para que los ciudadanos hagan sugerencias o aportes.
Carriedo reconoció que “No hay plazos” e insistió en que el objetivo es “avanzar a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos”. “Queremos que sea una buena ley”, dijo, refiriéndose a la ley de violencia intrafamiliar, “y que tenga el máximo consenso antes que celeridad”.
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