Con 79 primaveras, Francisco López lleva trabajando desde los 14 primaveras, acoplado desde que abandonó con su raíz su pueblo originario de Segovia y aterrizó en la calle del Militar Díaz Porlier, en el distrito de Salamanca. Por aquel entonces, en el número 8 ya se había erigido el Mercado de Torrijos, que hoy se mantiene en pie, aunque falta tiene que ver con lo que era. Francisco comenzó a trabajar como asalariado en una carnicería en la que iba y venía cargando, entregando pedidos, hasta que primaveras posteriormente decidió emprender y pujó por tener su propio puesto, el mismo que ahora regenta su hijo, David López, una pollería en la primera planta de Torrijos.
Este lunes, padre e hijo se fundieron entre lágrimas en un indisposición a las puertas del mercado. Pasaban pocos minutos de las nueve de la mañana, pero llevaban apostados allí más de hora y media. La semana pasada –contiguo a otros tres comerciantes, los de la planta ingreso– recibieron un burofax en el que Numulae, un fondo de inversión que se hizo con el 90% del mercado de forma ilegal, según los vendedores, les advertía que comenzaría unas obras en la planta superior y les instaba a aceptar unos locales en la planta descenso. Se negaron. Si ceden a las presiones de la socimi (sociedad anónima de tipo mercantil) pierden todos sus derechos sobre el suelo que hace primaveras compraron y del que todavía son propietarios.
Pero la amenaza se cumplió y las obras arrancaron. No solo eso, sino que el llegada a la planta estaba tapiado por bloques de pladur, y en la entrada principal del mercado, tres guardas de seguridad contratados por Numulae para impedirles entrar. «¿A dónde va? ¿A la planta de debajo? Pase», repetían. No pudieron ni estacionar en el parking.
A las 7.30, posteriormente de que el abogado que los representa llamase a la Policía Doméstico, lograron subir. La puerta de obra instalada en los paneles de pladur se abrió. Al otro costado, «el desastre». De uno en uno, Francisco López, Marcelo Muñoz, José Luis Díaz y Mariano González pasaron al interior. Son los cuatro comerciantes cuyos puestos están en la planta ingreso del mercado. Los primeros cuatro a los que quieren vincular a irse; los otros cuatro (los últimos ocho de Torrijos) tienen sus puestos en la planta inferior y, por ahora, se han rescatado de la maniobra. Aunque saben que pronto tratarán de expulsarles a ellos incluso. «Iremos cayendo como fichas de dominó», dicen. Pero no quieren hacerlo sin disputar.
Pocos minutos posteriormente, Francisco bajó la docena de escalones cargado con dos cajas. En ellas iba media vida, la que pudo librar; la otra media, su puesto, se quedaba en Torrijos rodeado de escombros y maquinaria de obra. «Han empezado a demoler. Da pena. Entras y ves la máquina, los escombros esparcidos por el suelo… Y te desmoralizas», afirma el septuagenario. Aunque advierte: «Si tengo que venir a tenderse aquí vengo todos los días». Lo que sea para que el Goliat Numulae no gane la batalla contra estos ocho ‘davides’. Tras esto, todos enfilaron la ruta en torno a la comisaría y el magistratura de gendarme para denunciar que se les impide cultivar una actividad reglamentario, cuando no tienen ninguna orden contencioso de impulso.
Torrijos se construyó en 1932 como mercado municipal, pero en 2009 los 44 vendedores que operaban en él se agruparon bajo la sociedad Torrijos Plaza XXI con participaciones igualitarias para quedarse el espacio tras su privatización. Pagaron más de 3,4 millones de euros pensando que el negocio, en plena Milla de Oro, sería para toda la vida. Y el junta lo permitió; eso sí, con una condición. Fijó una cláusula que impedía durante diez primaveras que se especulase con el demarcación.
Pasado el plazo, comenzó la tortura y la caza de inversores para hacerse con ese ‘caramelo’ de 17.000 metros cuadrados en el suburbio de Salamanca. Numulae apostó esforzado. Tal y como contó torrevieja news today, diez días antaño de que se declarase el estado de alerta por el coronavirus, en marzo de 2020, el consejo de filial de Torrijos Plaza recibió una proposición de 255.000 euros por cada billete; es sostener, poco más de 11.450.000 euros. La negociación comenzó y la mayoría cedió. Fue el principio del fin de lo que entonces era el mercado.
Sin cultivar el derecho preferente
Para despuntar Numulae –con pulvínulo en Galicia pero propietaria de centros comerciales en Asturias y Córdoba– se quedó con el 52% de las acciones, pero esa número no tardó en subir. Según consta en su web, se adquirieron las primeras 23 participaciones por un precio conjunto de 175.109 euros, por debajo de la primera proposición. Ahora, tienen aproximadamente el 90%, gracias a una fusión por filtración que se consumó en septiembre de 2021. Es complicado hacer poco contra ellos. Pero todo este proceso, dicen los ocho que resisten, fue ilegal porque no se ejerció el derecho preferente que tienen los socios a comprar, recogido en los estatutos. Lo denunciaron y la Ecuanimidad no ha resuelto.
El objetivo de la socimi, según creen, es contar en la planta superior un estadio de boato y una zona ‘sibarita’ que se llamará Espacio Hermosilla 82. Ya se anuncia en la frente del inmueble, con recreaciones de cómo quedará. La planta descenso, al parecer, estará dedicada a un supermercado. A los ocho que quedan les han ofrecido comprar su billete y luego un pequeño puesto en esa radio ‘sibarita’, eso sí, un puesto de arrendamiento. Lo han rechazado.
En diciembre del 2022, mientras esperaban que la Ecuanimidad se pronunciase sobre la derecho del proceso de adquisición, comenzó el ataque de Numulae para expulsarlos: cuatro de ellos recibieron demandas de desahucio por precario, pero un magistratura falló en contra del titán: paralizó los desahucios, en un caso que llegó a la Audiencia Provincial, que rechazó resolver hasta que se esclareciese el proceso de compraventa. Tras eso, la maniobra de este lunes: tapiar, a las bravas, y hacer obras gracias a una inmoralidad de demolición concedida por el Comunidad de Madrid. Es un desahucio forzoso.
«Desde hace un mes la situación se ha vuelto insoportable. Ha habido cortes de suministro de gas», asevera David, el hijo de Francisco: «Espero que este no sea el final, que esta clan no tenga la autogobierno de hacer lo que quiera por mucho patrimonio que tengan», desea. Antiguamente de esto bajó con dos cajas, lo único que pudo atesorar de su puesto. No sabe qué hará con el producto perecedero que guarnición en las cámaras frigoríficas, ni qué pasará con ellas.
La misma situación viven José Luis Díaz y Mariano González. «Llamaré a los clientes a los que tenía que entregar pedidos para advertirles de que no puedo y recogeré el patrimonio que tenía en la caja», confiesa José Luis antaño de subir. «Esperamos que cierto nos diga que podemos trabajar en nuestra casa, porque lo que han hecho es tapiar nuestra casa. Y sin una orden contencioso no pueden impedírnoslo«, continúa el dueño de la carnicería El Cordobés.
Mariano coincide. «¿Qué voy a hacer con el arcón harto para las navidades? Perder todo el patrimonio. Pero ir no nos vamos a ir», subraya. Los cuatro perjudicados denunciaron en comisaría y esperan que un magistratura de gendarme emita una resolución. Mientras, controlado por tres vigilantes en la puerta, los operarios siguieron con las obras en la planta ingreso. ¿Y mañana? ¿Podrán entrar? Nadie sabe qué pasará.