Tras su calificación por parte de la Mesa del Congreso, con el voto en contra el PP, la Ley de Perdón se publicó en el Boletín de las Cortes y se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate, ya que la Constitución otorga al Ejecutante la potestad de oponerse la tramitación de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, sea por aumento de consumición o por merma de ingresos.
El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su “conformidad” con la tramitación de dicha iniciativa. Ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su gastado bueno al debate.
Tras conseguir el aval del Gobierno, la Acoplamiento de Portavoces decidió programar el debate de toma en consideración de la ley para este martes, una intrepidez a la que se opusieron tanto el PP como Vox.
Primera ley que se debate en el Congreso
Exceptuando la reforma reglamentaria para regular el uso de lenguas cooficiales, otra exigencia de los independentistas, la ley de indulto será la primera iniciativa sesión que se debata en el Pleno del Congreso esta sesión. Aunque a la prensa la presentó el ministro Félix Bolaños, el encargado de defenderla en presencia de el Pleno será el portavoz del Familia Socialista, Patxi López, y quien le dará réplica por el PP será el presidente de la examen, Alberto Núñez Feijóo.
Adicionalmente, los populares han pedido que la primera votación sobre esta iniciativa se haga de viva voz, de guisa que todos los diputados socialistas se retraten. Así, desde la Mesa de la Cámara se irá llamando a todas sus señorías para que, uno a uno, emitan su voto gritándolo desde el escaño, de guisa que quede constancia verbal del sentido del voto por el que opta cada uno.
En noviembre del año pasado, el PP incluso solicitó que se votara por llamada la toma en consideración de la reforma del Código Penal que acabó con el delito de sedición, una petición que fue apoyada por Vox.
Primer plazo de enmiendas
Una vez que el PSOE y sus socios den vía independiente a la ley para continuar su camino parlamentario, la Mesa del Congreso abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Tanto el Familia Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de necesidad, lo que recortará todos los plazos a la medio.
Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios. Los partidarios de la indulto tienen la posibilidad de solicitar que la proposición se tramite por recital única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin tener lugar por ponencia ni comisión). De momento, esa opción, que permitiría dejar la norma aprobada en el Congreso antiguamente de fin de año, no parece estar sobre la mesa.
Si finalmente no se solicita esta tramitación exprés, los grupos cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero -inhábil a posesiones parlamentarios- para que la norma pueda discutirse en ponencia y comisión.
Y posteriormente, al Senado
Luego quedará el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución. De ahí volverá a la Cámara Muerto para su aprobación definitiva y entrada en vigor, previsiblemente en primavera.
Adicionalmente, este martes el Pleno incluso debatirá sobre la creación de las comisiones de investigación que los socialistas acordaron cascar con los independentistas catalanes.
Se comercio de dos investigaciones registradas por Junts, anejo con el PNV, relativas a los atentados islamistas que tuvieron área en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017, y a la operación Cataluña que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy. De su costado, Esquerra (ERC) registró, acompañada de Bildu y BNG, la relativa al espionaje con el software Pegasus.
Junts quiere demostar el “lawfare” y ampliar la indulto
En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se deje de beneficiarse las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la indulto a los independentistas encausados a lo espléndido de los diez últimos abriles. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto `lawfare` o `extirpación procesal` y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.
Precisamente esa mención al lawfare en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo Común del Poder Jurídico, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la interpretación de los tribunales.