Un árbitro ha paralizado cautelarmente las obras de colonia del Plan Parcial Bellas Artes de Altea (Alicante) por varias colonias de gatos que deben trasladarse para la supervivencia de los felinos.
Desde la asociación BigAtos, han celebrado «una valentía sin precedentes», pionera en España y adoptada tras su denuncia -junto con otra entidad, Somos Gos– delante el magistratura de Lo Contencioso-Funcionario número 1 de Alicante.
Desde el pasado verano, estos defensores de la fauna han mantenido contactos con los responsables del Consistorio, gobernado en coalición por Compromís y el PSPV-PSOE, para que se preservara la vida de estos animales reubicándolos en otro sitio, pero consideran que las soluciones propuestas y la información, igualmente procedente de la empresa encargada de las obras, ha sido «confusa».
Finalmente, las excavadoras han entrado en los terrenos y empezado a allanar y, en consecuencia, a destruir y arrasar la manto vegetal que servía de refugio para los felinos. Ha ocurrido «con nocturnidad» y los gatos estaban «perplejos y asustados, sin conocer qué hacer ni dónde ir», según el relato de BigAtos en su tapia de Facebook.
Las excavadoras allanando el circunscripción y arrasando el espacio donde se refugian los felinos, de oscuridad.
Menos de las cuestiones legales, ya que aseguran que esta especie está protegida tanto por el Código Penal como por la Ley estatal de Protección Animal y la reglamento autonómica valenciana, desde esta asociación piden un trato adecuado: «La reubicación de una colonia (en este caso son cinco colonias) afectando a decenas de gatos comunitarios es una cosa muy seria, porque tiene consecuencias directas sobre su vigor y su vida. Los gatos comunitarios no son muebles que trasladar de un sitio para otro en función de nuestra conveniencia. En ocasiones, los felinos no sobreviven a una mala reubicación.»
En cambio, han asistido a momentos de peligro. «Siguen allí, en un entorno peligroso porque deben huir de las máquinas para no ser arrollados».
De momento, uno y otro grupos ecologistas han conseguido frenarlo en los juzgados, si adecuadamente ahora se enfrentan a la dificultad de abonar 20.000 euros en concepto de aval, como aval bancario o medio contemplado por la ley, lo que meollo una dificultad importante para sus posibles económicos