Se avecina plante universitario contra el Empleo. El documentación que ha presentado este martes la Conferencia de Rectores de las Universidades Espaolas (Crue) es el primer aviso. En l por primera vez se cuantifica el impacto econmico de la Losu en las universidades pblicas espaolas. A la presentacin han asistido la presidenta y rectora de la Universidad Jaume I de Castelln, Eva Alcn, y al asesor de la Presidencia de Crue, el profesor Juan Juli. El mensaje es claro: no puede ser vaya a prevalecer el principio de yo invito y t pagas, dicho en las palabras que suele utilizar para referirse a este asunto el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano Garca-Page, que ha amenazado con ir al Tribunal Constitucional si no se resuelve el sudoku de la financiacin.
El estudio calcula que aplicar las disposiciones de la Losu en materia de personal docente e investigador tendra un coste de 844 millones de euros. Este concepto se divide en tres. En primer empleo, hacer frente en 2024 a las limitaciones horarias docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente valdra 225 millones de euros. En segundo, la reduccin de la temporalidad y la prosperidad de la calidad de las plantillas, de aqu a 2030, como manda la ley, seran otros 424 millones de euros para las universidades pblicas.
En tercer empleo, la reposicin de efectivos por jubilacin supondr que los campus “debern responsabilizarse progresivamente los costes de Seguridad Social que hasta ahora haban sido asumidos por el Estado, pues los funcionarios jubilados cotizaban a Muface, pero ahora responsabilizarse tales costes supondr un precio adicional de 195 millones de euros”, aade el trabajo realizado por los profesores de Economa Jos Antonio Prez, de la Universidad Politcnica de Valencia, y Juan Hernndez Armenteros, de la Universidad de Jan.
El 8% de la financiacin pblica
Qu suponen estos 844 millones? “Equivale a un 8% de la financiacin pblica total que reciben las universidades, que vienen a ser 10.000 millones de euros. Es afirmar, habra que incrementar un 8% y deben comenzar a ponerlo en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, porque se tiene que aplicar por las universidades a partir del curso 2024/25”, alega Jos Antonio Prez.
La Losu prometi en su artculo 55 “destinar como mnimo el 1% del PIB al pago pblico en educacin universitaria pblica en el conjunto del Estado”. Este artculo recoge que, para alcanzar este objetivo “se establecern en los presupuestos de las comunidades autnomas, en los del conjunto de universidades y en los Presupuestos Generales del Estado, las correspondientes aportaciones”. Ahora el pago pblico en poltica universitaria ronda el 0,76%. Para durar a ese 1% del PIB, calculan los autores del estudio, hay que hacer una aportacin de fortuna adicionales de 3.180 millones de euros.
Lo que ocurre es que el Gobierno no ha concretado an quin va a acreditar. “La memoria de la Losu ni siquiera entra a valorar qu precio monetario supondra el incremento de pago pblico”, reprochan los rectores al Gobierno. Tambin le echan en cara que “no haya consultado con las comunidades autnomas”. “Los consejeros de Hacienda no estn enterados de nulo”, dicen. Y por eso se preguntan: “Estamos en presencia de un nuevo ejemplo en el que el Gobierno central legisla y las CCAA pagan?”.
“El Gobierno central no debera esperar a que el esfuerzo presupuestario mayoritario para cumplir el objetivo del 1% del PIB de pago pblico universitario procediera del mbito de los gobiernos regionales, sino de la propia Hacienda estatal. No existe ninguna restriccin competencial para que la Administracin central pueda desarrollar programas sectoriales para financiar a las universidades”, insta el documento de la Crue al Gobierno.
Diferencias entre autonomas
Los rectores, por otro flanco, han manido que hay diferencias del 70% entre comunidades autnomas que tienen su origen en el traspaso de competencias que se produjo entre 1985 y 1985, porque “los fortuna estatales que nutrieron ese traspaso no se asignaron con un criterio de equidad para los estudiantes de las diferentes regiones”.
“Si se deja a cada comunidad a dispendio de su capacidad fiscal (PIB), tendremos que, para un mismo esfuerzo fiscal, una comunidad insuficiente tiene que conformarse con dar a sus ciudadanos menos y peores servicios esenciales que una rica. O que, si quiere darle los mismos servicios, tiene que imponer un esfuerzo fiscal anciano que el que se exige a los ciudadanos de una comunidad rica”, reflexionan los autores.
“Son inequidades que no se han corregido”, recalca Prez, que explica que los campus pblicos de Navarra, Pas Vasco y La Rioja son los que estn mejor situacin porque, al estar en comunidades forales, “tienen un rgimen de financiacin autonmica que es significativamente mejor al resto”, mientras que los campus de la Comunidad de Madrid son los peor financiados porque esta regin “ha hecho una poltica de menos pago autonmico por poblador y ha optado por desarrollar la universidad privada muy intensamente”.
Para corregir estas diferencias, que generan “problemas de equidad en el llegada del servicio pblico”, el documentación de la Crue cree que haran equivocación otros 1.350 millones de euros, con el fin de “conseguir que el pago por estudiante se aproxime lo mximo posible en todos los territorios”.
“El Estado ha de hacerse responsable de este objetivo de equidad entre espaoles”, insisten los rectores.
Becas insuficientes
Por ltimo, han calculado que se necesitan otros 1.000 millones de euros para tener un sistema de becas que se encuentre en sintona con el de los pases de nuestro entorno, pues ahora la cuanta fija que recibe cada estudiante (1.700 euros anuales) “resulta claramente insuficiente para apagar el coste de oportunidad que supone para las familias de depreciación renta”.
Todos estos importes -los 844 millones de la aplicacin directa de la Losu, ms los 1.000 millones de las becas, ms los 1.350 millones para mejorar la equidad entre CCAA- son el equivalente a lo que supondra hacer efectivo el aumento presupuestario hasta durar al 1% del PIB. “La Administracin central, impulsora y proponente de la ley, debe responsabilizarse con sus propios fortuna” este incremento, dice el documentación. “De no producirse esta financiacin, la Losu devendr inaplicable por parte de las universidades pblicas”, avisa el documentación.