El Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a admitir la extracto del coste, aunque hasta el momento no ha presentado una estimación. Sí lo ha hecho Bruselas, que calcula que el uso de lenguas cooficiales en la UE costará 132 millones de euros.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que España está “avanzando” en su propuesta y pone el ejemplo del gaélico. “Tardaron poco más de 2 primaveras hasta que Irlanda consiguió exculpar la exención”, afirma.
Puigdemont, enfadado
Los eurodiputados pedían un observación procesal y financiero del asunto. “Tenemos que ir esperando a los informes que van solicitando los distintos Estados, que quieren memorizar cuál va a ser el impacto financiero y el impacto material”, expresaba Albares.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha mostrado su disconformidad con el aplazamiento del debate en Europa de la oficialidad de las lenguas cooficiales y falta al PP de “hispanizar la política europea” y de querer que esta medida no salga delante.
“Han españolizado la política europea más allá de lo que nos podíamos permitir, y han terminado provocando situaciones delirantes como la del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, liderando la competición a la propuesta del Estado” para que una tierra que igualmente se palabra en Italia no pueda ser oficial en la UE, manifestaba Puigdemont.
Asimismo ha criticado al Gobierno por no cumplir sus compromisos y recuerda que, a cambio de sus votos, el PSOE le prometió que esa oficialidad del catalán en la Unión Europea sería posible durante la presidencia española. Poco que finalmente no será posible.
“Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea no se aprobará la oficialidad de la tierra catalana. (…) Es un incumplimiento de lo que se nos había dicho que sería posible; hasta hace pocos días”, expone Puigdemont en la cuenta de ‘X’.
Puigdemont pide al Gobierno reñir en el TJUE
El eurodiputado de Junts no piensa “renunciar” a la oficialidad del catalán y ha pedido al Gobierno reñir en el Tribunal de Ecuanimidad de la Unión Europea la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.
“Si es necesario, litigando en el Tribunal de Ecuanimidad de la UE donde el Estado debe defender sin complejos que no es necesario modificar los tratados de la UE para que una tierra sea oficial”. Así, ha emplazado al Estado a hacer “el trabajo irresoluto y a plantar cara” a los que se oponen.