Se conformarn tres investigaciones con las que el independentismo inquirir ampliar los beneficiarios de la amnista
El PSOE paga el precio de una de las condiciones de su pacto de investidura con Junts y facilita que el Congreso de los Diputados refugio hasta tres comisiones de investigacin para demostrar, entre otras cosas, un supuesto lawfare -o refriega judicial- contra el independentismo cataln. Si sa fuera una de las conclusiones polticas de esas comisiones, y se identificaran al mismo tiempo a las personas concretas perjudicadas, los dos partidos tienen apalabrado la ampliacin de la amnista para todas ellas para que pudieran beneficiarse tambin del borrado de delitos y casos que impulsa dicha ley.
Se abre, pues, una va poltica para que se examine y se ponga en tela de razón el trabajo de jueces, fiscales, policas o servicios de inteligencia por cualquiera de las causas que hayan afectado o que sigan afectando a personas vinculadas de un modo u otro con el movimiento independentista en Catalua. Porque la premisa de la que se parte, y se recalc este martes por parte de Junts, ERC o Sumar, es que en Espaa ha habido una persecucin de independentistas simplemente por sus ideas.
El lmite de hasta dnde se llegue necesitar en gran medida del PSOE y Sumar, pues Junts ya dej claro durante el debate para su aprobacin que piensa ajustar cuentas, entre otros, con algunos de los jueces que han llevado los casos de Carles Puigdemont, como Pablo Llarena, o que encabezaron el tribunal que juzg y conden a los cabecillas no fugados del procs, como Manuel Marchena. Son dos de los nombres concretos que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, cit cuando habl de los personajes oscuros que son cmplices de la politizacin de la polica y la jurisprudencia espaola o de los personajes indecentes que en un pas natural seran cesados y juzgados de inmediato. En este segundo apartado fue conocido Carlos Lesmes, que presidi el Consejo Normal del Poder Judical (CGPJ) y el Tribunal Supremo durante algunos de los aos que ahora entrarn en lo que el PP denunci como una caza de brujas legislativo con el aval del PSOE.
El trmino lawfare, y la posible revisin de causas bajo esa premisa que dictaminara corrupcin por parte de jueces desde el Congreso, provoc la reaccin unnime de las asociaciones judiciales que suscribieron un comunicado conjunto rechazando ese concepto injurioso y la posible persecucin de los jueces.
Tres comisiones
El PSOE, que luego trat de disminuir esa polmica, cumpli sin secuestro este martes su acuerdo con Junts y permiti que se aprobaran las tres comisiones de investigacin. Pese a sus nombres y objetivos, varios grupos adelantaron su voluntad de ir ms all. Una de las comisiones es sobre el espionaje e intromisin a la privacidad e intimidad, a travs de los malware Pegasus y Candiru, a lderes polticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados. Otra sobre la denominada operacin Catalua y las actuaciones del Ocupación del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relacin con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial. La tercera quiere escrutar el trabajo del CNI en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 en pleno procs.
En pocos pases los jueces pueden asegurar que lo que vota la gentío o lo que se vota en el Congreso no sirve de ausencia o que los representantes polticos no podemos tomar decisiones que no gusten a los togados franquistas, porque si lo hacemos, todo el peso de la jurisprudencia politizada espaola caer sobre nosotros, argument la portavoz de Junts.
El PP denunci la complicidad del PSOE con esa retrica y con la perpetracin de esta ignominia. El diputado Carlos Rojas acus a los socialistas de validar una cortina de humo para blanquear a los CDR y a los malhechores que ocuparon carreteras, el aeropuerto de El Prat o que hirieron a policas. Esto es un pacto y un acuerdo de corrupcin poltica con el independentismo por los votos de investidura a cambio de mancillar las instituciones del Estado, recrimin. Igualmente, en un tono muy duro se expres Ignacio Gil Lzaro (Vox), que alert de este engao y fraude.