Una nuevo sentencia del Tribunal Superior de Rectitud de Madrid obligó a reincorporar a una interventora cesada por el Junta de Madrid. Esa misma sentencia señalaba que “en caso de cese de un interventor, que ejerce control técnico presupuestario y financiero de la actividad política y administrativa, se estima que debe exigirse con el viejo rigor, que esta razón contrastable exista, sea explícita y se pueda demostrar. Puesto que estos funcionarios ejercen autoridad, y dicha autoridad debe ser respetada, evitándose que cesándolos el gobierno municipal eluda los controles técnicos, en serio perjuicio del interés manifiesto y de la Sucursal”, indicaba la sentencia.
En aquel caso, se hizo con un interventor afamado por suelto designación, no como Gonzalo Alonso en el Concello de Ourense, que ganó la plaza por concurso y es funcionario de carrera. No se conocen ceses de interventores nombrados por concurso porque la estatuto no lo contempla, por lo que en caso de producirse, todo acabaría resolviéndose en la vía legal.