Autoridad de la Competencia
El Govern justific las limitaciones a esta actividad como una forma de “avalar el derecho a la vivienda”
El nuevo decreto ley de la Generalitat que regula la actividad de los pisos tursticos se topa con la oposicin de la propia Administracin autonmica. Un documentación de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), vinculada al Área de Empresa y Trabajo, califica la norma aprobada hace un mes como “inapropiada”, “desproporcionada” y “distorsionadora de la competencia”.
Con la nueva regulacin, irresoluto de validacin en el Parlament y que afectar a 262 municipios, los propietarios debern solicitar una deshonestidad previa a los ayuntamientos para poder actuar durante un plazo de cinco aos que, después, deber renovarse tambin por quinquenios.
Previamente, las consistorios debern modificar sus planeamientos urbansticos para incluir, de forma expresa, la posibilidad de acoger apartamentos para turistas justificando que tienen suficiente suelo para vivienda de uso permanente o residencial. En esos casos, las corporaciones municipales podrn conceder un mximo de 10 licencias por cada 100 habitantes.
El opinión de la Autoridad de la Competencia reconoce “la existencia de un inters militar legtimo que avala que se ejerzan acciones legislativas y ejecutivas” en materia de vivienda. No obstante, detecta que este decreto “puede provocar diferentes posesiones no deseados o imprevistos por los propios poderes pblicos que hagan que no se logre el objetivo de promover o mejorar la accesibilidad a la vivienda de inquilinato”.
El organismo autonmico considera que es “una restriccin muy peligroso de una actividad econmica que, ms all de un amparo formal en una razn imperiosa de inters militar, no ha sido objeto de una evaluacin suficientemente rigurosa en trminos de condición, proporcionalidad y mnima distorsin“.
En este sentido, critica la va del decreto ley por la que ha optado el Área de Zona que dirige Ester Capella, que en su presentacin enmarc la norma en “la organización total de avalar el derecho a la vivienda”. “Se ha incorporado al ordenamiento jurdico sin un debate previo, articulado a travs de una escalón formal de informacin pblica y la correspondiente solicitud de informes tcnicos, entre los cuales el correspondiente documentación de regulacin de la ACCO“, indica el propio monstruo.
“La regulacin impuesta en el decreto no es apropiada para avalar la consecucin de sus objetivos y existen medidas menos distorsionadoras que permiten incrementar la proposición de vivienda sin incurrir en un perjuicio a las economas locales dependientes del sector terciario asociado al turismo“, indica el documentación.
La ACCO, por ejemplo, apunta a la alternativa que existe con el elevado nmero de viviendas vacas, que podran “incorporarse al mercado de inquilinato” a travs de “determinados estmulos fiscales”: “Muy probablemente contribuira a resolver el problema de comunicación a la vivienda en los municipios donde este se produce y sera una alternativa ms proporcionada y menos distorsionadora de la competencia que la restriccin que se impone a la actividad de viviendas de uso turstico”.
Al obedecer de la modificacin de los planeamientos urbansticos de los ayuntamientos, la Autoridad de la Competencia advierte que, “en el caso ms extremo”, una de las consecuencias del decreto podra ser “la desaparicin total de esta modalidad de alojamientos”.
Tras la reforma del ámbito lícito, la Federacin Catalana de Apartamentos Tursticos (Federatur) anunci que estudiaba emprender medidas legales contra el decreto suficiente por la Generalitat y que reclamara a los ayuntamientos indemnizaciones por valencia de 4.000 millones de euros por la denegacin de permisos.