Pablo Miguel F.D.S., administrador de un geriátrico de Verín, se enfrenta a una petición de cinco primaveras y medio de prisión y multa por estafar a un anciano ya fallecido y que padecía una demencia que “le impedía mandar su persona y acervo”, aseguró la fiscal.
En marzo de 2012, firmó un entendimiento de estancia en el centro por 1.188 euros al mes. En mayo de 2013, aunque “ya tenía mermada de modo importante su capacidad para la encargo de su patrimonio”, según la recriminación, Pablo Miguel firmó con el anciano otro entendimiento por el cual se comprometía a cuidarlo y prestarle alimentos en la residencia a cambio de que le vendiese dos fincas. Y le dio un poder para disponer de sus acervo. Así, se hizo con un tierra por 30.000 euros; una vivienda, una plaza de parking por 3.000 euros y una finca por 1.300 euros.
La defensa pidió ayer en el sensatez en la Audiencia la nulo.