La mayora del CGPJ exige un “posicionamiento rotundo” frente al acoso a los jueces por las fuerzas independentistas


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Nueve vocales piden al presidente Guilarte topar este punto en el prximo Pleno

Vicente Guilarte, presidente del CGPJ.
Vicente Guilarte, presidente del CGPJ.BERNARDO DAZ
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  • Rectitud El presidente del TS suspende la cita con Bolaos tras el ataque de Junts a los jueces y el presidente del CGPJ se suma: “Es inadmisible ese sealamiento”

El sector conservador del Consejo Genérico del Poder Legal ha solicitado al presidente, Vicente Guilarte, que incluya en el orden del da del prximo Pleno, que tendr ocupación el jueves 21, el “examen de las relaciones entre el Poder Legal y los restantes poderes del Estado: derecho de las comisiones Parlamentarias de investigacin y deber de comparecencia de los jueces”.

Los consejeros Wenceslao Olea, Carmen Llombart, Jos Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martnez-Tristn, Juan Manuel Fernndez, Juan Martnez Moya, Jos Mara Macas, Nuria Daz Rector y Mara ngeles Carmona han enviado un escrito donde sostienen que “el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, sealamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el único adiestramiento de sus funciones constitucionales, as como la creacin de diversas comisiones parlamentarias de investigacin nombradas con la indisimulada intencin de criminalizar la costura contencioso, exigen de este CGPJ un claro y definitivo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y menoscabo del Estado de Derecho”.

La intencin de estos vocales es que el Consejo anticipe su respuesta delante las probables citaciones de jueces en las Comisiones de investigacin del Congreso – sobre la denominada operacin Catalua, los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y el espionaje a polticos independentistas con Pegasus- puestas en marcha con los votos de los socialistas y las fuerzas independentistas, Junts y ERC.

Tal y como desvel EL MUNDO, el Parlament de Catalua amenaz al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control contencioso del Centro Franquista de Inteligencia (CNI), con incurrir en responsabilidades penales si no desvelaba informacin secreta del caso Pegasus.

La Cmara autonmica remiti dos requerimientos al magistrado para que detallara su actuacin como fiador de las escuchas autorizadas al servicio de espionaje espaol. El magistrado Lucas se neg a comparecer en el Parlament y desde esta institucin, hasta en dos ocasiones, le advirtieron de que poda incurrir en responsabilidad penal

Esta actuacin se pretende reproducir en el Congreso de los Diputados pese a que el artculo 399 de la Ley Orgnica del Poder Legal impide a los jueces comparecer delante las citadas comisiones.

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