El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Junta de Valencia, Jesús Carbonell, ha presentado a la mesa de movilidad la propuesta de convertir el Ámbito de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord en la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad, una zona que está controlada por cámaras de paso.
La propuesta, que será aprobada este mismo viernes en la Juntura de Gobierno Circunscrito y que tendrá carácter «transitorio y provisional», plantea «considerar» el Ámbito de Prioridad Residencial, creada en noviembre de 2020, como zona de bajas emisiones, para cumplir con la ley de Cambio Climático y Transición Energética, según ha informado el Junta en un comunicado.
Desde el consistorio han incidido en que ambas figuras -el acuerdo de la JGL de creación de la APR y la ley 7/2021 de 20 de mayo- «comparten el objetivo popular de mejorar la calidad ambiental mediante la mitigación de las emisiones de gases, humos y partículas contaminantes».
Carbonell ha defendido que la APR «cumple perfectamente los requisitos» para ser considerada una zona de bajas emisiones, puesto que ha argumentado que está restringido el tráfico y que «solo se permite la entrada a los vecinos». De esta modo, una vez se apruebe por parte de la Juntura de Gobierno, la APR de Ciutat Vella será la primera ZBE que tenga la ciudad, «cumpliendo de esta modo la ley».
La propuesta del consistorio subraya que se entiende por zona de depreciación transmisión «el ámbito delimitado por una Agencia pública, en control de sus competencias, interiormente de su distrito, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de paso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del vendaval y mitigar las emisiones de gases de huella invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Genérico de Vehículos válido».
Por otro costado, el planteamiento del gobierno municipal establece que la mencionada Zona de Bajas Emisiones tendrá «carácter transitorio y provisional», en tanto se apruebe por el Junta «la estatuto correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el existente decreto citado».
En cualquier caso, desde la Concejalía de Movilidad han asegurado que, «sin perjuicio» de lo aludido, «continuará trabajando» en la elaboración de la estatuto definitiva que incluirá, adicionalmente de la APR como Zona de Bajas Emisiones, «otras medidas» para el resto de la ciudad, cedido que, ha indicado, «se han recibido fondos europeos para la puesta en marcha de dichas medidas adicionales».
Encima, el consistorio se ha comprometido a que estas medidas adicionales no supongan «restricciones relevantes a los derechos de vecinos y comerciantes» y, al mismo tiempo, que los fondos recibidos «no sean devueltos a Europa».
Críticas de la concurso
Desde la concurso, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha celebrado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, hayan «reculado de su intención original de no crear ninguna» zona de bajas emisiones en la ciudad delante, según ha defendido, «las denuncias reiteradas» que han realizado desde la coalición y por el «estirón de orejas» de instituciones como el Defensor del Pueblo.
«Una vez más se cumple lo que habíamos denunciado: Carbonell y Catalá vuelven a improvisar para salir como pueden del charco en el que se habían metido», ha asegurado Grezzi, que ha despierto de que la primera munícipe y el concejal de Movilidad «reculan, pero vuelven a engañar» porque «ya se han encargado de que la APR se refugio al tráfico de más y más coches». «Poco a poco ya están volviendo la contaminación y las emisiones. Quieren vencer tiempo, pero lo hacen de la peor modo, porque lo suyo es el plan de coche», ha colaborador.