La negociación con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez y la presentación de la ley de condonación provocó una ola de indignación que llevó a muchos sectores sociales y profesionales a blandir la voz en contra.
Entre ellos, más de medio centenar de militares retirados difundieron un comunicado rechazando los pactos de los socialistas tras las elecciones generales del 23 de julio. Pero encima, el texto llegaba a pedir «a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional la destitución del presidente del Gobierno» y la convocatoria de elecciones generales.
Esto ha provocado la reacción de ERC, que ha reclamado al Servicio de Defensa la elaboración de un intensivo noticia sobre la presencia de movimientos de extrema derecha en el seno de las Fuerzas Armadas.
Todos los militares que firmaban el manifiesto contra la condonación están ya retirados y por consiguiente no están sujetos a la misión de neutralidad de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin incautación, ERC cree que su voz deja imaginar un sentimiento existente en los Ejércitos y la Armada.
«Es más que evidente que existe un jerigonza y una ideología ‘guerracivilista’ y antidemocrática encubierto entre algunos miembros relevantes de las Fuerzas Armadas, a menudo con altavoces políticos de primera rasgo», denuncia la formación liderada por Gabriel Rufián en el Congreso.
Los independentistas alertan de los llamamientos que «alientan la posibilidad de la intervención marcial» en Cataluña. «Persiguen suplicar el sublevación marcial contra el flagrante gobierno del Estado castellano y reprimir y perseguir al pueblo catalán y sus representantes políticos», denuncia.
Por ello, da a Defensa un plazo de seis meses para elaborar un noticia sobre la existencia de movimientos de extrema derecha «interiormente de los órganos e instituciones de las Fuerzas Armadas» y los pronunciamientos «incitando al sublevación de los ejércitos, manifestándose a servicio del franquismo o incitando a acometer actuaciones ilegales».
«En dicho noticia se deberán especificar las medidas legales vigentes para identificar, controlar y sancionar a las personas que conforman estos movimientos, las actuaciones que se han realizado en tal sentido y las propuestas para hacer frente a dicha amenaza antidemocrática», reclama ERC.