Así se ha referido la defensa durante la presentación de la primera de las 8 cuestiones previas que planteará. Piden la inútil de las actuaciones y en particular de la entrada y registro del domicilio de Rato, que tuvo circunscripción en 2015. Aseguran que vulneró “la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad”.
La abogada María Massó ha indicado que “en caso de no aceptarse su petición de inútil de la causa”, el tribunal debería eliminar la documentación incautada durante dicho registro. Massó indica que parte de dicha documentación se obtuvo sin las suficientes garantías procesales.
Piden 70 primaveras de calabozo
La denuncia de la Fiscalía imputa a Rato cinco delitos contra la hacienda publica, dos del IRPF y tres del impuesto de sociedades. Sin retención, se alcahuetería de poco insostenible porque “las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas”.
La denuncia “era mendaz”, ha afirmado la abogada, y “los hechos tal y como están redactados son contradictorios y atípicos, ya que se afirma una cosa y la contraria”, con lo que en sinceridad lo que se ha planteado es una “causa caudillo” contra Rato.
Entre otras cuestiones igualmente destaca la solicitud del que fuera “mano derecha” de Rato, José Manuel Fernández Norniella, de que se le exima de venir a las sesiones por motivos de vitalidad. La petición ha sido aceptada. Incluyendo las pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, el entendimiento se alargará hasta el 23 de mayo de 2024.
Rato ha pedido que se le dispense de asistir a todas las sesiones, para evitar que su incomparecencia obligue en alguna ocasión a suspender la paisaje.
La Fiscalía pide para el exvicepresidente unos 70 primaveras de calabozo por presuntos delitos de blanqueamiento de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, al igual que la Jurisprudencia del Estado. La defensa de Rato alega que gran parte de esos hechos, entre los año 2005 y 2010, habrían prescrito.
La sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo, es la encargada de decidir a Rato tras siete primaveras de instrucción de un procedimiento en el que se acumularon más de 70.000 documentos. De ellos, ha asegurado la abogada de Rato, unos 40.000 no deberían figurar en la causa, ya que se obtuvieron de forma ilegal.
La Fiscalía aseguró activo identificado incrementos patrimoniales no justificados entre los primaveras 2005 y 2015 por un valía total de 15,6 millones de euros. Asimismo rendimientos de caudal ajuar en el exógeno siquiera declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.
Asimismo veía “indicios racionales” de que el igualmente exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith.