La Diputación de Alicante ha acogido en la mañana del viernes la sesión constitutiva de la Comisión Provincial del Agua en la que se integran 46 representantes de distintas administraciones, entidades y sectores hídricos del circunscripción. Durante la reunión, en la que además se han designado a los miembros de la Comisión Técnica de este mismo víscera, el presidente de la institución, Toni Pérez, ha pedido a todos, especialmente a los grupos políticos de la Diputación, «una alianza para defender con determinación y desde la dispositivo» los intereses hídricos de la provincia y ha argumentado que «frente a decisiones arbitrarias debemos exigir rigor técnico».
La Comisión, presidida por Pérez y cuya vicepresidencia recae en la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, estará integrada por otros merienda diputados en representación de todos los grupos políticos de la corporación (5 PP, 4 PSOE, 1 Vox y 1 Compromís); ocho vocales designados por el presidente; tres expertos de reconocida cualificación en materia de agua; cinco representantes de las comunidades de regantes o juzgados privativos de agua; siete alcaldes y dos representantes de la Conselleria de Agricultura, Medio Bullicio, Cambio Climático y Exposición Rural.
Encima, estarán representadas con un vocal cada una la Cámara de Comercio de Alicante, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA), La Unió de Llauradors i Ramaders, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) y Proaguas Costablanca.
Pérez ha agradecido a las personas y entidades su respaldo a dicha mesa, así como a todos los grupos políticos de la institución, a quienes ha pedido una «alianza en la defensa de los intereses legítimos de la provincia de Alicante».
«Aquí no cerca de la ideología, el agua no es una cuestión política y debemos de ser capaces de defender, con rigor y determinación, los posibles que necesita esta provincia frente a unas decisiones que pueden crear un daño irreparable», ha afilado el presidente, quien ha defendido además, por otro flanco, la «afiliación perfecta» que ahora existe entre Diputación y Generalitat en esta materia.
Perez ha explicado que la Comisión Provincial del Agua «tiene, desgraciadamente, muchos deberes por hacer porque estamos frente a una situación muy compleja por decisiones sectarias e ideológicas por parte del Empleo de Transición Ecológica que nos están perjudicando porque reducen el agua apto, no solo para la agricultura sino además para el abasto».
En este sentido, ha añadido que «con el agua no debería juguetear nadie pero a esta tierra nos ha tocado la incomprensión de un Gobierno central que parece empeñado en perjudicar a quien hace las cosas acertadamente, en este caso la provincia de Alicante que tiene una larga trayectoria en el ciclo integral del agua».
Imagen de la sesión constitutiva de la Mesa del Agua de la Diputación de Alicante
Durante la sesión, el presidente ha donado además a conocer la composición de la Comisión Técnica, que estará presidida por el catedrático Joaquín Melgarejo, encima de Andrés Molina como vicepresidente y los vocales Santo Urbina, Arturo Trapote, Daniel Prats, Fernando Pérez Pelado, Francisco Santiago Andrés, José Navarro, Jose Vicente Benadero, Juan Luis Martínez, Juan Luis Paredes, Ramón Espinosa y Roque Bru Bonet, actuando como secretario Miguel Fernández Mejuto.
El orden del día de la sesión ha incluido además la modernización sobre la situación de la planificación hidrológica de las demarcaciones Júcar, Segura y Tajo y su repercusión en la provincia de Alicante. En este punto se ha contado con la intervención del profesor y habituado Francisco Cabezas, quien ha anunciado que la Generalitat y el Gobierno de Murcia, anejo a Alicante y Almería trabajan ya de forma coordinada en la elaboración de una propuesta de modificación de las reglas de explotación del Canal Tajo-Segura para elevarla al Empleo.
En este sentido, ha recordado que estas nuevas reglas deberían estar aprobadas el próximo mes de febrero, tal y como estableció el Gobierno de España hace un año tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica.
El director del Instituto Euromediterráneo del Agua ha afilado que Castilla-La Mancha elevó una propuesta al Empleo sobre las nuevas reglas «que es muy adversa para el trasvase Tajo-Segura», por lo que ha añadido que «es conveniente que nosotros además presentemos una propuesta acertadamente armada técnicamente para que pueda ser tenida en cuenta».
Error de criterios que justifiquen las decisiones del Gobierno respecto al trasvase Tajo-Segura
En este punto, y tras la intervención de varios ponentes, se ha establecido que una de las propuestas sea que en la revisión de las normas de explotación del Tajo-Segura se tenga en cuenta la formalización de unas reglas de explotación del Tajo-Guadiana, que actualmente no tiene, para que entreambos trasvases esten coordinados y éste postrer no merme los caudales que llegan a la demarcación del Segura como ha ocurrido recientemente.
Cabezas ha vuelto a deplorar la equivocación de criterios técnicos que justifiquen y acrediten las decisiones que está adoptando el Empleo de Transición Ecológica con respecto al trasvase Tajo-Segura. «Estas decisiones están creando una cuota de incertidumbre, imprecisión y arbitrariedad que es absolutamente negativa», ha afilado el habituado, quien ha insistido en que «la situación es muy preocupante, confusa y genera inseguridad, lo contrario a lo deseable en el mundo del agua».
Finalmente, durante esta reunión además se ha abordado en el orden del día la privación de impulsar institucionalmente el Corredor Verde del Río Monnegre que lidera la Diputación de Alicante, un tesina para el que se averiguación financiación europea y que, tal y como ha destacado la vicepresidenta Ana Serna, reforzaría la actividad económica de la zona.