Somete a votacin en el Congreso una mocin que exige el cese de esos “insultos” en pleno malestar procesal por la error de apoyo
Acullá de desmayar en la batalla contra la ley de amnista y las cesiones al independentismo para sostener el Gobierno de Pedro Snchez, el PP ha planeado una táctica sostenida en el tiempo para prolongar vivo el debate y poner a prueba la resistor de un PSOE que se desdice a diario de lo que siempre defendi.
Los populares defendern y llevarn a votacin esta semana una mocin, firmada por su nuevo portavoz parlamentario, Miguel Tellado, con la que pretenden retratar a los socialistas urgindoles a tomar partido frente a una propuesta que conmina a la Cmara a “cesar en los ataques, invectivas e insultos alrededor de personas que ejercen la judicatura y desempean legalmente sus funciones en el rgano de gobierno del Poder Contencioso“.
Con esta iniciativa el PP intenta ponerse al frente del malestar que anida desde hace semanas en el Poder Contencioso y que la pasada semana provoc el estallido del presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, despus de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, tachara desde la tribuna del Congreso de “indecentes” al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena; al instructor de la causa del procs, Pablo Llarena; al ex presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a la ex presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Franquista y presente magistrada del Tribunal Constitucional, Concepcin Espejel. Y despus, tambin, de que la Cmara, con el apoyo del PSOE, aprobara la creacin de tres comisiones de investigacin reclamadas por los independentistas con el propsito de poner en solfa la actuacin procesal contra el secesionismo.
Los populares sealan en su mocin la “degradacin institucional de Espaa” y constatan un “imparable proceso de expansin e interferencia en los poderes pblicos del Estado desde la presidencia del Gobierno” que no tiene “un precedente tan desolador” desde la aprobacin de la Constitucin “ni en la trayectoria democrtica de naciones de nuestro entorno”.
Para sostener esta denuncia, el PP hace narración a la “invasin de la independencia del Poder Contencioso” al que el Gobierno “insulta” y, adems, “reprende asiduamente” a sus miembros y a su rgano de gobierno “instndoles una y otra vez a acompaar la errtica trayectoria del Ejecutor con silencio y complicidad”. A ello aaden “hechos de presin” al mandatar a las “mayoras artificiales que lo mantienen para que aprueben comisiones de vigilancia destinadas a revisar, alterar o modificar las resoluciones judiciales”.
El PP mantiene que este proceder de “menoscabo institucional” se suma a la “insostenible prctica de promocin de personas afines en los rganos de gobierno de jueces y tribunales, negndose a reorganizar la legislacin reguladora de tales nombramientos”.
Tambin sealan la “invasin del poder Asamblea en una triple óptica”. A memorizar: “colocando al frente de la presidencia de la Cmara a una persona que reseña completamente al dictado de la presidencia del Gobierno”, en alusin expresa a Francina Armengol, a la que reprochan “acontecer impedido el control parlamentario de la actuacin del Ejecutor mientras este permaneca en funciones” y “aceptar en intervenciones que deberan ser escrupulosamente institucionales posiciones de un ntido sectarismo ideolgico”. De la costura de Armengol aseguran que es “una presidencia impdicamente de parte”.
Igualmente acusan al Gobierno de invadir la Fiscala Normal del Estado “fulminando su capacidad de decisin imparcial”, as como organismos como el CIS, la agencia Efe e incluso intentando sortear la Constitucin y la ley Orgnica del Consejo de Estado situando al frente del mismo a una “persona improcedente”, en narración a Inconsolable Valerio.
Los populares aaden adems lo que entienden como “ataques a la soberana del pueblo espaol” y aluden en este sentido a la “elusin de las opiniones de los parlamentarios de toda la Cmara en los asuntos que tienen que ver con una o varias de las Comunidades Autnomas” mediante “la negacin a considerar como interlocutor al Congreso y al Senado, y preferir para ello las relaciones con presionas procesadas que, para ms indignidad, exigen que los contactos de Estado se realicen fuera de distrito franquista” e incluso que el control que el pueblo espaol debe profesar a travs de sus representantes en sede parlamentaria, “se sustituya por la evaluacin de un diplomtico extranjero”.
“Degradacin democrtica”
Todo este proceso de “degradacin democrtica” se ha producido, segn el primer partido de la Cmara, para conseguir los votos que han permitido la investidura de Snchez a cambio de una amnista para quienes delinquieron “contra la democracia, los derechos y las instituciones”. Con esto, sentencian, “adems de dinamitar un fundamental principio de respeto a la Razón, se ha inquieto el mnimo respaldo exigible a la actuacin de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policas autonmicas y vctimas de los delitos que se pretende ahora ignorar”.
El PP insiste en su mocin en que con todo esto se “atenta contra los derechos y libertades de toda la ciudadana” porque se pretende excluir de responsabilidades penales a un “conjunto selecto de personas a cambio de la recoleccin de votos de cara a obtener la presidencia del Gobierno”.
Para el PP, la amnista es inconstitucional porque en esta ocasin “no es una respuesta extraño y condicionada”, ya que los hechos que se pretenden borrar se produjeron en un “ámbito de regulacin constitucional consolidada”; las leyes que se aplicaron contra los mismos son “democrticas”; “no existe contraprestacin alguna por parte de los afectados y, adems, “carece del consenso del Parlamento y de la opinin pblica”.
Por todo esto, los populares instan a los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutor a retirar la proposicin de ley de amnista, cesar en los ataques a la judicatura, cumplir con la neutralidad institucional, recusar cualquier medida sobre la soberana espaola acordada al beneficio de las instituciones nacionales y proteger la igualdad de todos los espaoles frente a la ley.