La razón ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las escasas 200 mujeres sepultadas en la Monumento del Valle.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 135.1, se concede a Patrimonio Franquista la oportunidad de expresar lo que considere pertinente en un plazo de tres días. Luego, se dictará un utilitario sobre el progreso, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.
La cronología
En el pasado mes de junio, el Gobierno inició los trabajos para la actualización de las víctimas de la Cruzada Civil en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a estas exhumaciones al rebotar el apelación presentado por la Fundación Francisco Franco, final obstáculo que impedía las extracciones de los cadáveres.
En septiembre pasado, el Magistratura de lo Contencioso-Chupatintas número 10 de Madrid anuló la deshonestidad de obras concedida por el Comunidad de San Lorenzo de El Escorial para alcanzar a las criptas y proceder a las exhumaciones de restos mortales de víctimas del Franquismo y la Cruzada Civil.
La sentencia llegó luego de que, en junio pasado, el Gobierno iniciara los trabajos para recordar a las víctimas de la Cruzada Civil en el Valle de Cuelgamuros, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.
Abogados Cristianos sostiene que los trabajos de actualización autorizados por el Tarea de la Presidencia constituyen “una quebrantamiento del derecho fundamental a la autodeterminación religiosa“. La estructura de juristas argumenta que el “derecho constitucional a la autodeterminación religiosa ampara el derecho a una digna sepultura”.
Asegura que “la simple exigencia de admitir a punta pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto calidad de profanación) constituye una quebrantamiento de un adiestramiento de la autodeterminación religiosa“. Denuncia que “para realizar estas pruebas no se ha solicitado el consentimiento de los familiares”.
“Esto representa otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que investigación con estos trabajos es dañar la Monumento. No descansaremos hasta que se respete nuestra autodeterminación religiosa y la Cruz más vasto del mundo”, señala Castellano.
“Solo pedimos respeto para nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra civilización y nuestros derechos fundamentales. Uno de los más importantes, que está siendo atacado de forma reiterada por este gobierno, es el derecho a la autodeterminación religiosa”, agrega.
Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle, ha aplaudido la atrevimiento contencioso. Asegura que el derecho a descansar en paz con respeto a la dignidad “no debe ser discriminado ni ignorado según el artículo 10 de la Constitución Española”.