El corregidor de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) ha anunciado hoy que se dirigirá al Defensor del Pueblo para solicitarle que interponga solicitud de inconstitucionalidad en caso de que la Ley Orgánica de Perdón para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña sea aprobada.
El corregidor de la caudal tinerfeña ha sido el primer regidor en España en tomar la iniciativa de presentarse a esta institución, en una valor que viene motivada por el mensaje que han pulido los Servicios Jurídicos del Comunidad, respondiendo a una instrucción del corregidor del pasado 15 de noviembre en la que solicitaba que se exploraran todas las alternativas legales para evitar la tramitación parlamentaria o, en su caso, la aplicación de esa Ley.
El mensaje determina que, una vez que la Proposición de Ley Orgánica ha entrado en el Congreso, «el Comunidad, por sí, no está legitimado para intervenir en su tramitación», pero, igualmente, expone la posibilidad de presentar solicitud de inconstitucionalidad, una vez esté aprobada la Ley.
Transmitido que el solicitud de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por el presidente del Gobierno, por cincuenta diputados, cincuenta senadores o por el Defensor del Pueblo, Bermúdez considera que «en un clima de polarización, agudizado por infracción de esta Ley, donde la política está contaminando la vida social y se está poniendo en duda a los jueces, la vía más adecuada es presentarse este entraña para que presente este solicitud frente a el Tribunal Constitucional».
El regidor argumenta esta valor aludiendo al carácter «independiente y apolítico» de esta figura, como se recoge en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril y recuerda que el Defensor del Pueblo «se debe a todos los españoles», por lo que considera que «en este momento, es el único entraña que se puede erigir en defensor de la ciudadanía».
La solicitud se fundamentará en que la norma vulnera la Constitución Española de 1978 y, entre otros, los principios básicos de la seguridad jurídica, la igualdad de todos los españoles frente a la ley y la independencia contencioso, «de modo que una Ley, que, por principio, debe ser caudillo, se está usando como utensilio político para el privilegio de unos pocos».
Del mismo modo, se sustentará en la conclusión del mensaje de los Servicios Jurídicos municipales, en las dudas de una gran parte de magistrados, notarios, jueces, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos sobre el encaje constitucional de esta norma y en el hecho de que «el propio presidente del Gobierno y varios de los ministros y altos cargos socialistas reiteraron la inconstitucionalidad de esta Ley antaño de formar Gobierno».
«Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos; es opinar, usar todas las vías a nuestro resonancia para oponernos a esta Ley Orgánica, actuando, como es nuestro deber, en la defensa del aceptablemente global, de la Constitución que juramos y de los principios democráticos», ha subrayado Bermúdez.