Tras un mes de huelga de abogados y procuradores del Turno de Oficio, que comenzó el 21 de noviembre, la dominio penal acusa la ejecución por el elevado número de suspensiones. Según fuentes del Penal 2, han aplazado en este tiempo 31 juicios, a los que hay que sumar otros tantos del Penal 1. “Son los órganos más afectados porque hay muchos abogados de turno que asisten a los detenidos y los representan, en la dominio civil están menos presentes”, aseguran fuentes del Penal.
La huelga, según esas mismas fuentes, “ha provocado la paralización del 70% de los dos juzgados penales porque casi todos los letrados que representan a los acusados son del turno de oficio, pero todavía influye en las ejecuciones de las sentencias”. Este lunes, el Penal 1 suspendió tres de los cinco juicios que tenía en memorándum: una causa por un incendio forestal, otra por amenazas y un robo con fuerza, aplazados para febrero.
En el caso del robo, que ya se había suspendido en una antecedente ocasión por la huelga de letrados de la sucursal de neutralidad, obligó al denunciante a desplazarse desde Verín, con el consiguiente desembolso de la gasolina. Según dijo, reclamó los gastos del desplazamiento a la Xunta.
Un robo de 2014 para abril
El Penal 2 había reservados dos días consecutivos (lunes y martes) para procesar un delito continuado de robo y receptación de abril de 2014, con 13 encausados. Seis de los leídos que representan a los inculpados son del servicio de neutralidad gratuita y optaron por secundar la huelga. La perspicacia quedó aplazada para el 11 de abril.
Los móviles (70) fueron sustraídos en dos ocasiones diferentes en una tienda de telefonía de Santo Domingo y fueron valorados en casi 20.000 euros por los perjudicados. Uno de los acusados fue imputado en el robo y el resto, hasta doce, en la adquisición de los terminales de incorporación serie en el mercado infeliz.
El fiscal pide hasta cinco abriles de calabozo para el principal inculpado, Luis Miguel D.S.M., por un delito continuado de robo así ocho meses de prisión para el resto de compañeros de banquillo. Sostiene que el inculpado los vendía después a precio de ganga, entre 50 y 20 euros, o incluso en una ocasión a cambio de un tatuaje o ropa de vestir.