El Pleno del Congreso aprobará este martes el primer referencia sobre las actividades extraparlamentarias de sus señorías, un primer examen que afecta a cerca de 270 diputados y en el que se permite compaginar el escaño con tareas políticas –cargos en sus partidos o en instituciones (16 alcaldes y 51 concejales)–, pero incluso privadas (leyes, docencia, décimo en sociedades, producciones literarias, charlas o tertulias), siempre que no cobren del sector conocido ni afecte a sus obligaciones parlamentarias.
El primer juicio aceptado por la Comisión del Estatuto del Diputado en esta lapso, al que ha tenido llegada Europa Press, concede estos avales a 268 miembros de la Cámara, el 76% del total de 350 diputados. No obstante, este referencia que ahora recibirá el gastado bueno del Pleno, incluye autorizaciones a personas que ya han dejado el escaño para aceptar otras responsabilidades como el director de Ministerio de Presidencia del Gobierno, Óscar López, o su número dos, Antonio Hernando.
Sólo 31 parlamentarios no han claro ninguna actividad ajena al Congreso, de los que doce son del PP: la vicepresidenta cuarta de la Mesa, Marta González; el secretario tercero, Guillermo Mariscal; Carlos Aragonés, Bella Verano, Pablo Pérez Coronado, Cristina Teniente, Mercedes Fernández ‘Cherines’, Ricardo Tarno, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas, Sandra Moneo y Sandra Pascual.
Todavía hay cuatro del PSOE (Susana Sumelzo, José Zaragoza, Ramón Gómez Besteiro y Antonio Hernando), tres de Vox (su portavoz Pepa Rodríguez de Millán, Alberto Asarta y Tomás Fernández Ríos) y dos de Sumar (Nahuel González y Eloi Badia).
En el caso del PNV y de Bildu, son casi todos los que no declaran ninguna actividad ajena al escaño: cuatro de los cinco el PNV –su portavoz, Aitor Esteban, Mikel Legarda, Joseba Agirretxea y Begoña Sagastizabal–, y cuatro de los seis de Bildu –Mertxe Aizpurua, Jon Iñarritu, Iñaki Ruiz de Pinedo y Bel Pozueta–. Los demás son la exconsellera de ERC Teresa Jordà y el único diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán.
A quienes no consignan actividad alguna se une otra docena que comunican que han cesado en sus labores anteriores y ya no tienen otras. Aquí figuran, del PP, Marta Varela, que hasta agosto fue directora de Ministerio de Alberto Núñez Feijóo; María Eugenia Carballedo y Pedro Ruiz Abrines, que eran diputados en la Asamblea de Madrid; Joan Mesquida, que dirigía un hotel, o Juan Antonio Rojas, que cogió una excedencia de su puesto de capitán en una naviera.
La socialista Blanca Cercas renunció a su pensión de retiro, mientras que su compañera María Adrio dejó la leyes. Todavía abandonaron sus trabajos la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil, y Lander Martínez, de Sumar. De su costado, Isidre Gavín, de Junts, está en excedencia forzosa de su cargo de director de negocio en la empresa pública Cimalsa.
Se ha concedido la compatibilidad a 16 diputados para sostener sus alcaldías: nueve del PP, seis del PSOE, y uno de Junts, Josep María Cervera, en Port de la Selva (Girona). Y incluso podrán compaginar sus actas nacionales con las municipales otras 51 personas (20 del PP, otras tantas del PSOE, cinco de Vox, dos de ERC –Gabriel Rufián, en Santa Coloma (Barcelona), e Inés Granollers en Bellpuig (Lleida)–, y una de Sumar, PNV (Maribel Baquero en Larraul, Guipúzcoa), Bildu, y CC (Cristina Reputado, en El Rosario).
Se les da permiso siempre que sus labores municipales no menoscaben «el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias». La mayoría declara que percibirá sólo dietas por ir a plenos, aunque hay cuatro que han renunciado a ellas: los socialistas Begoña Nasarre, alcaldesa de Alcolea de Cinca (Huesca); Herminio Rufino Sancho, corregidor de Mezquita de Jarque (Teruel); y Sergio Gutiérrez, concejal en Escalona (Toledo); así como Macarena Lorente, del PP, que es concejala en Rota (Cádiz).
Los ‘populares’ Tomás Obstinado, corregidor de Castilfrío de Sierra (Soria) y Carlos Gil Santiago, corregidor de Benavites (Valencia); el socialista Manuel Arribas, corregidor de Sanchidrián (Ávila); la concejal de Bildu en Errigoiti (Vizcaya) Marije Fullaondo, y Vicenç Vidal, de Sumar, concejal de Esporles (Baleares) dicen que no perciben ninguna remuneración, pero no especifican nadie sobre las indemnizaciones. Por su parte, Socorro Cuesta, alcaldesa de Espirdo (Segovia) no da ningún detalle sobre este aspecto.
Y no solo son concejales de pequeños municipios, incluso los hay de varias capitales como Madrid (Marta Rivera de la Cruz, del PP, tercera teniente de corregidor; Javier Ortega Smith, y Carla Toscano, de Vox), Vigo (Irene Gallardo, PP), Pamplona (Carlos García Adanero, PP), Santander (Emilio Jesús del Valle, Vox), Cuenca (Beatriz Jiménez, PP), Toledo (Milagros Tolón y José Manuel Velasco, PSOE); Huelva (Gabriel Cruz, PSOE); Guadalajara (Alberto Rojo, PSOE); Bajadoz, (Antonio Cavacasillas, PP), Ciudad Existente (Ricardo Chamorro, Vox), Las Palmas (Andrés Alberto Rodríguez, Vox), Valladolid (Mercedes Cantalapriedra, PP, y Oscar Puente, PSOE) y de municipios grandes como Badalona (Cristina Agüera); Marbella (Cristóbal Garre, PP, e Isabel Pérez Ortiz, PSOE) o Fuenlabrada (Noelia Núñez, PP).
Del colectivo de diputados con cargos municipales sólo una persona, Ana Martínez Labella, del PP, informa de que ha renunciado al sueldo de diputada para cobrar por su puesto de primera teniente de corregidor y concejala de Presidencia de Almería.
Respecto a los cargos políticos, en el PP cobran gastos de representación Feijóo, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Miguel Tellado, Carmen Fúnez y Carmen Navarro, mientras que Juan Magnífico acento de «retribución». Borja Sémper consigna que era trabajador del partido hasta agosto pero no informa de emolumentos. Sí cobran por sus cargos en Vox, su vicepresidente Javier Ortega Smith, y los vicesecretarios María Ruiz, Manuel Mariscal e Ignacio Hoces.
Una quincena de parlamentarios podrán seguir ejerciendo la leyes (ocho del PP, seis de Vox y uno del PSOE); veintinueve la docencia (12 del PP, ocho del PSOE, cuatro de Vox y cinco de Sumar), cobrando en algunos casos, y unos 80 podrán participar en charlas, tertulias mediáticas o hacer producciones científicas o literarias. Algunos informan de que cobran por estas labores y otros por derechos de autor, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Del PP, Pilar Alía ejerce de economista (tiene tres sociedades), Pedro Navarro es consejero (tienen aval para hacerlo sin relacionarse con el sector conocido) y Agustín Conde puede desempeñar de alférez de fragata sin cobrar, igual que Maribel García López (PSOE), como árbitra de atlelismo.
Todavía hay 76 diputados que perciben complementos de decadencia por sus carreras profesionales. Son 29 del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo; otros tantos del PSOE, entre ellos varios ministros como Teresa Ribera, Margarita Robles y Fernando Extenso Marlaska; ocho de Sumar (como Agustín Santos o Marta Lois), seis de Vox, dos de ERC, uno de Junts, y el diputado del BNG, Néstor Rego.
Entre la veintena que participa en empresas están las ‘populares’ Esther Llamazares, que tiene residencias de ancianos, o Mar Sánchez Sierra, que preside sin cobrar Inpronosa Inversiones; el socialista Joaquín Martínez Salmerón, administrador mancomunado de Recupera SL, o los diputados de Junts, Pilar Pelado y Eduard Pujol.
Hay ocho que tienen explotaciones agrícolas, tres de las cuales cobran fondos europeos de la PAC –las de Pablo Hispán, Javier José Folch, del PP, y la de Herminio Rufino Sancho, del PSOE–. De su costado, la ministra María Jesús Montero tiene un tópico en arriendo.