El presidente del víscera, Vicente Guilarte, alertó la semana pasada sobre la posibilidad de que los jueces puedan ser citados a decidir en las comisiones de investigación en el Congreso para cuchichear de procesos judiciales en los que han participado. Junts y ERC insisten que los jueces y fiscales están obligados a aparecer si son llamados.
Una excepción
Hace pocos días, el magistrado del Tribunal Supremo que regular la actividad del Centro Doméstico de Inteligencia (CNI), Pablo Lucas, se negó a aparecer al Parlament catalán para ser interrogado sobre el uso del software informador ‘Pegasus’ por parte del servicio de inteligencia que él controla.
Para documentar su marcha a la comparecencia, el togado acudió al 399 de la Ley Orgánica del Poder Sumarial (LOPJ), que establece que las autoridades civiles y militares “se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia”.
Aunque existe una salvedad en este artículo: que pueda darse auxilio o cooperación legislativo siempre y cuando “el acto a ejecutar no esté legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del togado o tribunal”.
Frente a esta polémica, el ministro de Presidencia, Honestidad y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, aclaró el pasado lunes que la postura del Gobierno está al flanco de los jueces: “Este Gobierno defenderá siempre a jueces, magistrados y fiscales porque eso es defender el Estado”.
El pleno del Consejo Común del Poder Sumarial estudiará este jueves una petición del piedra conservador para incidir en su postura en contra de la intervención de jueces en las comisiones de investigación.