El corregidor de Ourense tramitó finalmente el pasado día 12 el expediente de cese al interventor, Gonzalo Alonso, el mayor entraña fiscalizador del Concello, un documento al que ha tenido golpe este diario y en el que el regidor llega a ofrecer a este funcionario la posibilidad de anular el cese si este acepta marcharse voluntariamente a otro puesto con las mismas condiciones. Así lo recoge el inicio del expediente, que informa al expedientado de “la posibilidad de determinar con la Distribución municipal la finalización del presente procedimiento y su adscripción provisional a otro puesto”.
El expediente esconde otras particularidades, ya que incoa expediente de cese en el puesto de “huido designación” de Interventor Normal, si acertadamente el mismo documento señala que este no fue designado por ese procedimiento, sino por atribución justo al ser aplicada la Ley de Grandes ciudades, y ser suprimido el antiguo puesto de Interventor del Concello por el puesto directivo de Interventor Normal.
Dejando a espaldas ese matiz, que se tendrá que resolver llegado el momento, el expediente enumera las “disfunciones” por las que Jácome se quiere deshacer de Gonzalo Alonso, y no viene firmada por ninguna persona, sino por el corregidor.
El documento detalla a lo prolongado de 21 páginas las “disfunciones” que atribuyen al interventor. Entre ellas, “obstrucción o dilación innecesaria de la ordinario tramitación de expedientes y la obstaculización de la actividad administrativa”, que, según el regidor, se han producido en “múltiples procedimientos a lo prolongado de los dos últimos abriles”.
En primer oficio, cita “actuaciones incoherentes” en las cuales el interventor da “soluciones opuestas a problemas idénticos” y lo acusa de vulnerar la “objetividad y confianza legítima” y todavía apela al “carácter obstruccionista” del mayor entraña fiscalizador del Concello, al que acusa de “negarse a acatar lo determinado por la Alcaldía” en algunos expedientes “sin gastar el procedimiento correcto”. Afea la “obstinada concurso” del funcionario, la “extralimitación” de sus funciones en varios expedientes y la “clara voluntad de obstruir” determinados procedimientos.
El documento contra el interventor municipal sostiene una retahíla de acusaciones de las que ahora Gonzalo Alonso tendrá derecho a defenderse y alegar, ayer de que el expediente de cese pueda ser oficializado. Es un trámite que puede ser prolongado, como el seguido con la tesorera desde hace meses y que no llegó a resolverse.
Todavía, en esta directorio de acusaciones al interventor, se le acusa de dar “información sesgada e incompleta” y emitir “erróneas consideraciones jurídicas” y llega al extremo de culpar al funcionario de las “demoras sistemáticas” en las actuaciones financiadas con fondos Next Generation, que el Concello ha sido incapaz de poner en marcha. De hecho, el propio documentación del corregidor reconoce que ha cometido irregularidades en la encargo, pero lo justifica la desaparición de algunos informes del interventor que parte de los remanentes incorporados para estas actuaciones en situación de “inseguridad jurídica”.