Una auditoría revela irregularidades en los contratos de la Generalitat de Ximo Puig en 2022


La auditoría de la Sindicatura de Cuentas a los contratos de la Generalitat Valenciana ha detectado «incumplimientos significativos» de la ley en las adjudicaciones que se realizaron desde distintos departamentos de la Establecimiento autonómica en el deporte 2022. Un descomposición en el que se ha puesto pedantería en la escalón de ejecución de las mismas durante el postrero año completo del tripartito -PSPV, Compromís y Unides Podem- liderado por Ximo Puig al frente del Consell.

El referencia, publicado este miércoles, revela que la veterano parte de los expedientes analizados no contemplan ninguna penalización en caso de que se incumplan de forma reservado los pliegos por parte del adjudicatario. Siquiera describen -o lo hacen de forma insuficiente- la forma de acreditar su cumplimiento o cómo se va a comprobar que el acuerdo se ha ejecutado satisfactoriamente.

Por otro costado, aunque los criterios de adjudicación contemplan obligaciones o compromisos, en algunos casos no consta que la conselleria responsable haya pedido la documentación que verifica que se cumplen. Lo mismo ocurre cuando los adjudicatarios presentan mejoras al acuerdo ofertado. En los dos casos, se desconoce si el contratista las ha ejecutado adecuadamente o no, y luego si la Generalitat -Presidencia, Educación, Agricultura o Igualdad- tiene derecho a alguna argumento por ese motivo.

Adicionalmente, la auditoría da cuenta de que la veterano parte de las consellerias no han adoptivo medidas para detectar y solucionar los posibles conflictos de interés del personal que participa en el proceso de cualquier subasta: los miembros de la mesa de contratación, los redactores de los pliegos o los responsables de los contratos.

En universal, los trabajadores de los departamentos «son insuficientes, o no tienen la formación necesaria, para admitir a extremo una trámite de la actividad contractual con criterios de posesiones, eficiencia y competencia, y de cumplimiento de la reglamento de contratación pública».

En ese sentido, recalca el documento, «para la descripción y seguimiento de determinados servicios, suministros y obras se requiere personal especializado (sanitarios, arquitectos, ingenieros, informáticos) y para la elaboración de la documentación administrativa es necesario personal con suficiente formación en contratación pública».

Del mismo modo, los contratos no contienen un precio cierto, no se justifica adecuadamente la dilema de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicarlos, ni se cumplen los requisitos para la tramitación de aprieto. Siquiera se determinan con precisión las deposición que quieren cubrirse y yerro información relevante para que los interesados puedan acogerse tras su resolución.

Lucro injusto

En cuanto a los contratos menores del pasado año, la muestra analizada señala que «los informes de obligación se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valía estimado» como establece la reglamento.

«Esta deficiencia es importante por cuanto el valía estimado determina los procedimientos de contratación», indica el referencia. De los 56 expedientes revisados, solo en tres -de la Conselleria de Sanidad- no se constata esta incidencia y solo en seis -tres de Sanidad y tres de Agricultura- se designó a un responsable que conocía los detalles del acuerdo.

En paralelo, durante el deporte 2022 se tramitaron 611 expedientes de resarcimiento por ganancia injusto por un total de 1.357,7 millones de euros. Un 82,8% corresponden a la Conselleria de Sanidad, un 11,8% a la de Igualdad y un 3,4% a la de Hacienda.

«Los gastos incluidos en estos expedientes de resarcimiento corresponden a adquisiciones de compromisos de pago u obligaciones por cuantía superior al valía de los créditos autorizados en el presupuesto y que se han ejecutado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido», subraya la auditoría.

El documento recoge recomendaciones para mejorar la trámite contractual por parte de los responsables de la Generalitat. Algunas de las incluidas en informes de ejercicios anteriores, advierte la Sindicatura, siguen sin tenerse en cuenta.

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