El PP usa su mayoría en Madrid para aprobar la ley que crea un estatuto de expresidentes


Con aprieto, el Asociación Popular ha ratificado este viernes en solitario una ley ‘cajón de modisto’, aunque en jerigonza parlamentario suena mejor sostener ‘ley ómnibus’. En efectividad, se manejo de una norma que ‘toca’ 15 leyes autonómicas, desde la que regula Telemadrid, hasta la que afecta a la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia. Todavía prevé la creación, vía decreto del Consejo de Gobierno, de un estatuto específico para «dignificar» a los expresidentes de la Comunidad de Madrid.

Curiosamente, el nuevo estatuto para los expresidentes de Madrid es el punto que más ha molestado a la izquierda y el que le ha inspirado más titulares, sobre una supuesta «paga vitalicia» que, según denuncia Más Madrid, se quiere poner Ayuso cuando se jubile como presidenta autonómica, por un total de 8.500 euros al mes.

De cero o de poco ha servido que el PP lo haya desmentido y que Ayuso haya ironizado sobre esa «paguita»: «No van a ser 8.500 euros, van a ser 30.000», dijo. La efectividad, según explicaron fuentes del PP, es que se pretende crear una especie de consejo de Estado, de nivel autonómico, donde los expresidentes tendrían un puesto por su experiencia y cobrarían por su trabajo. Sería un Consejo consultivo, que serviría como víscera de apoyo de las instituciones madrileñas.

Pero todo esto se regulará en un decreto que deberá elaborar el Gobierno de Ayuso, y todavía es pronto para concluir cuánto se pagará a los expresidentes.

Los tres grupos de la examen, Más Madrid, PSOE y Vox, han coincidido a lo liberal de toda la tramitación parlamentaria en rehusar de plano esta ley ‘cajón de modisto’, donde ha cabido prácticamente todo lo que quería tocar el Ejecutante regional en un plazo récord de tiempo. Las prisas obligaron al PP a introducir una autoenmienda sobre el nominación del director caudillo de Telemadrid, de tal modo que este se efectuará por la Articulación de Accionistas a propuesta del Consejo de Distribución, una vez que la comisión parlamentaria correspondiente de la Asamblea determine la idoneidad del candidato.

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