La Comisión Franquista de los Mercados y la Competencia (CNMC) declaró de la existencia de este cártel en 2015. Los afectados son numerosos. La Estructura de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que unos cuatro millones de usuarios acabaron pagando un sobreprecio por incumplimiento de este acuerdo prohibido entre 21 fabricantes, 172 concesionarios y dos consultoras.
Los ourensanos perjudicados por el cártel están tomando cartas en el asunto para sumarse a la oleada de demandas contra las marcas automovilísticas. Muchos de ellos las presentarán en el Tribunal de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. La firma BGI Abogados, que lideran Antonio Heredero y Juan Camacho, maneja cerca de de un centenar de casos de la provincia.
Al tratarse de un cártel, “se establece una testimonio de solidaridad impropia”, explica Heredero. Esto significa que “sea cual sea la marca del transporte que se vea afectado, se puede demandar a cualquiera de las empresas cartelistas. Como una de las empresas es Stellantis -Citröen-, que tiene en España su domicilio social en Vigo, se plantean allí”, detalla. Los juzgados vigueses manejan previsiones de centenares de miles de demandas procedentes de toda Galicia: el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia augura el ingreso de más de 20.000 asuntos, una signo que incluso se podría incrementar.
Muchos de ellos provendrán de la provincia. “En el interior de los demandantes tenemos un comunidad de afectados de Ourense”, corrobora Heredero. Los damnificados reclaman en un rango entre 1.000 y 4.000 euros. “Hay que tener en cuenta que a la diferencia de precio hay que incluir los intereses de la momento del transporte. Son cantidades interesantes”, añade Heredero, quien opina que “se ha perdido el miedo a pleitear contra las grandes empresas” y comenta que “hay bastantes sentencias que están otorgando entre un 5% y un 12%” del valía del transporte.
Aunque recomienda presentar las demandas en el domicilio de las empresas -los juzgados “están acostumbrados” y “son conocedores de esta temática”, dice-, asimismo se puede iniciar el pleito en el domicilio del demandante (Instancia en el caso de Ourense). Lo que sí es importante es atesorar la documentación del transporte -sobre todo, la factura- y soportar a final la prueba pericial que demuestre la afectación por el cártel.
Las principales firmas se pasaban información para copar el mercado
El cártel del coche implicó a 26 marcas de automóviles, las de maduro peso del sector: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citröen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen y Volvo.
A mediados de septiembre de 2015, la CNMC confirmó la existencia del cártel. Entre 2006 y 2013, los implicados se pasaban información sensible para copar el control del mercado automovilístico. Los fabricantes llegaron a acuerdos ilegales por su naturaleza, ya que buscaban dominar la competencia y crearon sobrecostes artificiales que asumió el consumidor.
La OCU, que diversas demandas colectivas contra las empresas implicadas, maneja una estimación del 10,61% de sobreprecio. A ello hay que sumarle los intereses, por lo que el coste añadido podría alcanzar entre el 14% y el 17,5%, dependiendo de la momento de adquisición del transporte. El valía medio sería cercano a los 3.500 euros por coche.
Antonio Heredero explica que la cantidad a exigir varía “dependiendo del maniquí, del año, la momento…” En todo caso, matiza que el caso de Volkswagen es particular y que están teniendo “un poco más de precaución”: “Como no recurrieron, es posible que incluso pudiera activo prescrito, que es lo que están alegan”.