La pasada semana se conoció que el Gobierno da carpetazo definitivo al tesina del almacén nuclear en Villar de Cañas. El Consejo de Ministros ha apto el VII Plan Normal de Residuos Radiactivos, cuya medida principal es la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en la misma ubicación de las centrales nucleares, que adicionalmente tendrán que cerrarse entre el año 2027 y el 2035.
Así pues, no habrá Almacén Temporal Centralizado (ATC) en este pequeño municipio conquense, que fue predilecto por el Gobierno de Rajoy, allá por diciembre de 2011, como ubicación para apartar los residuos nucleares de toda España. Y no habrá, luego, la inversión prometida de más de 1.000 millones de euros en una comarca cuya gran mayoría de vecinos veía en la energía nuclear un flotador contra la miseria de la despoblación.
El ATC siempre se asoció a María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, y Emiliano García-Page, ahora presidente regional y entonces líder de la examen, siempre hizo campaña para que no saliera delante. De ahí que en cuanto se conoció la valentía del Consejo de Ministros se apresurara a imprimir en las redes sociales su «celebración» y la de «todos los que defendimos pararlo».
Esto es «un éxito en la batalla de títulos que desde hace abriles emprendió esta tierra», dijo Page un día posteriormente, el jueves, en el acto de presentación de Castilla-La Mancha como ‘Región Europea del Deporte’, criticando que el tesina del almacén nuclear «era un sentina que no genera distracción, ni creación de empleo; genera lo contrario: espanta oportunidades e inversiones». Asimismo, el presidente autonómico aprovechó para consolidar que la Grupo tiene prevista una «alternativa» para la zona, pero de energía limpia y que generará electricidad suficiente para surtir a la provincia de Cuenca durante los próximos cien abriles. A ello añadió que hay algunas empresas «muy importantes que están pendientes».
Reunión con los alcaldes
No es la primera vez que desde la Grupo se palabra de una «alternativa» al ATC de Villar de Cañas. Al menos lleva sucediendo desde enero de 2020, calibrado antaño de la pandemia, cuando el vicepresidente, José Luis Martínez Chinarro, se reunió con 13 alcaldes de municipios cercanos a Villar de Cañas para asegurarles que la puesta en marcha de varios proyectos fotovoltaicos supondría «una inversión aproximada de 800 millones de euros, 50 puestos de trabajo de carácter definitivo para el mantenimiento de esos parques fotovoltaicos y durante la construcción, unos 800 empleos». Martínez Chinarro añadía que una empresa (no dijo su nombre) había presentado avales en la Consejería de Incremento Sostenible por un valor superior a los 20 millones de euros.
En noviembre de 2022, casi tres abriles más tarde, el vicepresidente volvió a decidir que la Grupo tenía encima de la mesa 33 proyectos para la instalación de energía fotovoltaica, «que se ubican en todos los municipios de esta comarca y que benefician a todos sus municipios y a muchos propietarios». La potencia instalada sería de 1.600 megavatios, «con la que se contribuye a la soberanía energética de todo el país». Martínez Chinarro agregaba que las renovables son las «alternativas del futuro». Lo que ocurre es que el futuro, y sus 800 millones de euros prometidos, siquiera acaban de alcanzar.