«La gente no acaba de entender por qué se roban datos personales de los ciudadanos en empresas e instituciones. Es por cosas como esta”, habla con una fuente en la primera línea de la investigación que sigue la Audiencia Nacional por el que ha sido considerado el mayor fraude con el método de las letras nigerianas detectado a la fecha operando desde territorio nacional, una estafa que sigue utilizando el correo postal tradicional y donde, a pesar de ello, las incautaciones se cuentan por decenas y las cantidades superan el millón de dólares.
La mecánica arranca al otro lado del charco, donde uno de los imputados adquirió bases de datos con direcciones postales de ciudadanos estadounidenses, preferentemente jubilados de clase media. Compró el ‘paquete’ en Mexico, presumen los investigadores, porque dentro del territorio estadounidense se persigue la venta de datos personales. Esa persona, ya investigada por la justicia estadounidense, trabajaba bajo el seudónimo de “Gallina Fiedler”, pese a lo cual logró sus objetivos.
En Santander, un español, Juan Carlos A., recibió miles de etiquetas adhesivas y una impresora estadounidense con la que reproducir las bases de datos archivos completos en un formato fácil de usar que luego se distribuyó a otros miembros de la red. Una caja con 4.930 direcciones estampadas en etiquetas llegó solo a un almacén de Málaga. Muchas más aparecían en las entradas y registros: unas 15.000 afiliaciones de estadounidenses, mil de Suiza y otras 500 de residentes en Alemania.
De allí, a Madrid, donde otros investigadores metieron cada uno en su sobre. En el interior, una carta que parece redactada por un notario o un abogado, incluyendo papel de calidad y pompa de lenguaje. En ocasiones, un sello oficial, pero sin entidad al ser un documento público falso, según las fuentes consultadas por torrevieja news today.
Había dos ganchos. En algunos casos, la carta decía que en España se bloqueaba una herencia no reclamada de un ciudadano que compartía el apellido del destinatario de la carta. Le propusieron reclamar la fortuna y compartirla con el abogado que la iba a administrar. En otros, se anunciaba un premio de lotería española, que parece tener alcance internacional, a pesar de que el destinatario de la carta no había comprado ningún cupón. Tuvo que ponerse en contacto con un tal “Mark Anderson” y hacer un primer pago para desbloquear el premio.
Todas las cartas se imprimieron por lotes en una copistería de Fuenlabrada que resultó ser el epicentro de la organización. Y en todos ellos se proporcionaba la información de contacto en la parte inferior, fingiendo que se trataba de un supuesto diplomático o profesional quien se haría cargo de la dirección. Se requería una cantidad de dinero relativamente modesta, teniendo en cuenta el segundo paso, para iniciar el proceso, ya fuera por concepto de tasas, impuestos, aranceles, comisiones o sobornos.
Las cartas viajaron en maletas por carretera hasta Portugal y de allí fueron enviadas a Estados Unidos. El franqueo les salió más barato y de paso, ocultaron sus huellas, dicen fuentes del caso.
Detenidos y víctimas
Los detenidos fueron más de 70 y las víctimas se estiman en más de cien, aunque están en EE.UU. y no consta que alguno haya accedido al caso. Hay 36 imputados, 11 en prisión provisional.
el fraude
Durante la investigación fueron incautados 293 sobres con más de 1,25 millones de dólares enviados por las víctimas. Gestionaron más de 15.000 afiliaciones de jubilados estadounidenses
Mecánica
Tras obtener direcciones postales de terceros, se les hacía creer por carta que podían tener una herencia no reclamada en España o un premio de lotería de un millón de dólares.
Decenas de personas fueron mordidas solo en los meses que la organización estuvo bajo escrutinio. Cuando el destinatario de la primera carta llamaba para preguntar por la herencia o el premio de la lotería, comenzaba el engaño final: con esa llamada ya obtenían confirmación de la filiación y los datos de la víctima y a partir de ahí se sucedían las comunicaciones. con ella haciendo creer que se iban superando trabas burocráticas hasta el feliz desenlace económico -y dando prueba de ello a través de nuevos envíos de documentación que supuestamente acreditaban cada paso-. “La codicia es mala compañera”, zanja otra fuente.
Sin embargo, en un momento dado empezó a ser necesario hacer desembolsos, entre 1.600 y 2.800 dólares para los gastos del diplomático que iba a traer personalmente el dinero a casa. El importe debía viajar a España en efectivo y por mensajería. Y sí, unas 300 personas realizaron el envío, considerando solo los bultos incautados el año pasado, en la recta final de la investigación. Incluso había quien envolvía el dinero en papel de revista, no se lo iban a quedar, pensaría el emisor, cualquier cartero. Estaba siendo custodiado por lo que la Audiencia Nacional ya considera como una organización criminal.
En total, se incautaron hasta 293 bultos y se inspeccionaron 185. El contenido del interior ascendió a más de 1,25 millones de dólares. También había $570 canadienses.
Los cabecillas, en EE.UU.
No todos llegaban a la misma dirección, pues para tapar los pasos, la red contaba con colaboradores que prestaban su buzón a cambio de sacar un ‘pellizco’ de cada envío. Según las fuentes consultadas, teniendo en cuenta la magnitud de la causa, la investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 3, de momento, se centra únicamente en quienes jugaron un papel más relevante que facilitar su domicilio o apostar por el portal de otra persona. para recibir el paquete. Los principales cabecillas de la organización tampoco están porque desde hace unos meses el caso quedó en el limbo mientras se decidía qué órgano judicial tenía competencia para investigar. En ese período fueron extraditados a Estados Unidos, que los persiguió por estafa de correo postal y donde reside el grueso de las víctimas.
Sin embargo, los presuntos secuaces son legión. Cabe recordar que más de setenta personas fueron detenidas cuando el Grupo VIII de la Brigada Provincial de Inmigración de la Policía Nacional en Madrid explotó la operación. De momento, hay al menos 36 imputados en la Audiencia Nacional de los que once se encuentran en prisión preventiva, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. El caso, sin embargo, sigue abierto.