El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ocupación de Hacienda, ha permitido la concesión de incentivos regionales a un total de 102 proyectos en diez Comunidades Autónomas. En concreto, estas ayudas se destinan a Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla y Bizarro, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.
El valor completo de las subvenciones concedidas es de 261.269.202,72 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.385.317.364 euros. Estos proyectos lograrán perseverar 12.486 puestos de trabajo y crearán otros 2.502 nuevos empleos.
En el caso concreto de Castilla-La Mancha, según la Orden Ministerial que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han permitido 12 proyectos, tres de ellos en Comisión Delegada y otros nueve vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).
Según informa la Delegación del Gobierno, estos 12 proyectos han recibido 31.448.065,25 euros de subvención, y suponen una inversión total de 153.052.033 euros. Asimismo, permitirán crear 536 nuevos empleos y perseverar 2.102 puestos de trabajo.
Entre los proyectos de Comisión Delegada están Laboratorios Liconsa S.A., con más de 8,5 millones, Puy de Fou, con más de 9, y Joma Sport, con más de 4,7 millones de euros.
Respecto a los de Orden Ministerial, se negociación de Ibergum S.A; Biobab R&D; Valquer Laboratorios; Öztürk Quebap Producción; Daher Aerospace; Velilla Group; Bormioli Rocco; Hugworld International Distributions y Biometano Montes de Toledo.
Este año en Castilla-La Mancha se han permitido incentivos regionales para 25 proyectos que suponían una inversión total de 254,2 millones de euros. Estas iniciativas han recibido 53,3 millones de euros de subvención y han permitido crear 764 puestos de trabajo y perseverar 3.240 empleos.
Estas ayudas contribuyen al seguridad crematístico interterritorial y al crecimiento crematístico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un pequeño nivel de progreso y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino además de la UE.