Suprime la medida puesta en marcha por el Gobierno de Armengol ante la dificultad para cubrir las camas de los hospitales
El Ejecutivo que preside Margalida Prohens aprobó hoy la eliminación de ese requisito. Lo ha hecho a través de un decreto de medidas urgentes elaborado para dar cumplimiento prioritario a una de las promesas electorales con las que llegó al poder el pasado mes de julio. Y además, según explicó el portavoz del Gobierno, Antonio Costa, para “combatir el déficit de profesionales” que sufre la sanidad balear. Especialmente en determinadas zonas e islas, que ahora pasarán a ser catalogadas como zonas “difíciles o muy difíciles de cubrir”.
En estos ámbitos, que serán detallados y regulados legalmente, los trabajadores sanitarios también tendrán salarios más elevados, complementos económicos destinados a atraer profesionales. La supresión de la exigencia de catalán se aplicará a todos los aseos, independientemente de su superficie.
“Queremos hacer todo es posible para que los profesionales de la salud tengan Habilidades del idioma catalán. e intentaremos por todos los medios facilitarlo, pero no queremos que sea un requisito excluyente”, afirmó Costa.
En esta línea, se suprimirá la exigencia pero se facilitará la asistencia a cursos de catalán y se fomentará el conocimiento del catalán, con el fin de “facilitar a los ciudadanos el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con la Administración”. ” .
La ministra de Sanidad, Manuela García, ha defendido que el objetivo del Gobierno es dar facilidades y “una alfombra roja” a los profesionales sanitarios que quieran ir a trabajar a Baleares, aquejados de falta de personal para determinadas plazas hospitalarias. En este contexto, han decidido eliminar el requisito del idioma, un barrera “disuasoria” para atraer profesionales, según evaluaciones gubernamentales. La petición de supresión, ha subrayado, ha sido “un clamor entre todos los sindicatos de la salud”.
El Gobierno de Prohens también contempla conceder ayudas y complementos de entre 4.800 y 6.600 euros a enfermeras y médicos que vienen a trabajar a estas zonas de muy difícil cobertura.
Para el Govern, la exigencia de un título catalán no es el único obstáculo que “disuade” a los sanitarios de optar a un puesto en Baleares. Falta de formación o altos precios de la vivienda, por ejemplo, se considera otra de las grandes barreras. Por este motivo, se tendrá en cuenta el precio medio de la vivienda a la hora de determinar qué zonas deben ir acompañadas de una bonificación salarial.
Como ejemplo paradigmático de esta falta de profesionales sanitarios en los hospitales, el Gobierno regional se ha referido a la situación de la isla de Ibiza. Allí, en lugar de los cinco oncólogos que debería haber en la plantilla del principal hospital público, solo hay un puesto cubierto, lo que hace necesario reforzar el servicio de forma intermitente y con personal de otras áreas. En este contexto, el Gobierno considera que la exigencia de un requisito lingüístico agrava el problema.
Medida del PSOE
La medida para exigir la exigencia del catalán para los sanitarios fue aprobada cuando el PSOE llegó al gobierno autonómico en 2015, provocando airadas protestas en el sector y descontento entre los principales sindicatos. Ante las protestas, la medida fue aplazada, dando una moratoria de dos años para que los profesionales obtuvieran el título básico de catalán que se les exigía.
El pasado mes de febrero, el Gobierno balear presidido entonces por el socialista armengol Rectificó la presión de sus socios nacionalistas y ordenó mantener de manera mayoritaria y general el requisito de tener un título de catalán acceder y conservar una posición en el sistema público de salud del archipiélago.
Esta exigencia, una de las concesiones al nacionalismo, había sido suspendida provisionalmente por motivos de falta de personal para cubrir determinadas posiciones y categorías de medicina y enfermería en el sistema sanitario balear.
Sin embargo, el anuncio de esta exención lingüística desató una tormenta interna dentro del pacto de gobierno por el que el PSOE, con el apoyo de los nacionalistas de Más para Mallorca y Unidas PodemosPresidió la comunidad autónoma entre 2015 y 2023.
El ala más catalana del Gobierno de Armengol mostró internamente su oposición frontal a la exención de la catalánidad de los médicos, llegando incluso a movilizar a algunas entidades satélites y amenazando con llevar el asunto a los tribunales.
En este escenario, Armengol, que siempre se ha mostrado partidario de catalanizar la asistencia sanitaria público, rectificó su postura y trasladó al departamento de salud pública del Gobierno regional (IB-Salut) que limitaría las excepciones al conocimiento del catalán como requisito.
El cambio de postura se ejecutó argumentando que el impacto tras cruzar los datos era limitado, y que había pocas categorías deficientes donde la norma pudiera tener un efecto disuasorio.