El lder del PP plantea la “disolucin” de Junts y ERC si vuelven a impulsar la secesin con una perfeccionamiento que enlaza con una iniciativa previa de Abascal
Alberto Nez Feijo pisa a fondo el acelerador para comenzar el ao. El PP present ayer una perfeccionamiento a la totalidad a la Ley de Amnista en la que recupera la idea de Pablo Casado de exponer la disolucin de los partidos independentistas si cumplen su amenaza de retornar a impulsar la secesin de Catalua, como en 2017. El de la ilegalizacin de Junts o ERC si vuelven a trastornar el orden constitucional es un paso drstico que el PP no verbalizaba de forma tan clara desde 2018, y que fuentes de Gnova justifican como nica va para contrarrestar el vaciamiento del Estado de Derecho. Hay que replicar con dureza a quien con dureza ataca al Estado, aaden.
La perfeccionamiento consta de un solo artculo, por el cual se reforma el Cdigo Penal para acorazar la proteccin del valía del Estado de Derecho mediante la tipificacin de los delitos de deslealtad constitucional que permitan corregir la regresin materializada en los ltimos tiempos por Pedro Snchez para sufragar el precio de su investidura, a sensatez del PP.
Con este brinco delante en la dureza contra el independentismo, Feijo ocupa espacios que hasta ahora slo roncha transitado Vox, un partido al que ahora quiere engullir electoralmente, tras comprobar que mientras exista un Vox válido el PP no puede regir.
La propia perfeccionamiento recuerda que en 2020, se defendi la posibilidad de un delito de deslealtad constitucional agonizante para castigar los intentos de separar parte del distrito del Estado o de una parte de una Comunidad autnoma. Y quin lo defendi? Vox, que present una proposicin de ley de reforma del Cdigo Penal en la que se regulaba un nuevo tipo delictivo de deslealtad constitucional que penaliza los actos secesionistas. El PP vot en contra de su toma en consideracin, pero ahora usa el precedente para demostrar que dejar ese espacio vaco es renunciar a las formas de autoproteccin del Estado nuevo.
Los populares quieren establecerse ese espacio ayer que Vox, precisamente. El principal partido de la oposicin desprecinta as un ao de batalla delantero (y casi total) contra el PSOE y sus socios. Hay que recapacitar que, aunque Pablo Casado roncha puesto sobre la mesa la eliminacin de subvenciones a Junts y ERC o incluso el estudio de su ilegalizacin si alentaban la violencia en su pugna contra el Estado, slo la formacin liderada por Santiago Abascal se roncha atrevido a exponer la posible disolucin de las formaciones secesionistas.
Ese extremo se introduce en la propuesta de creacin del delito de deslealtad constitucional, para poder efectuar contra los servidores pblicos que intenten trastornar el orden constitucional mediante la convocatoria de un referndum ilegal, o declarando la independencia. Cmo? Promoviendo la disolucin de las organizaciones o personas jurdicas que incurrieran en estos delitos. Y ayer de entrar a la disolucin, la suspensin de las actividades.
El texto, que el PP registr a las 17.36 horas, minutos ayer de que expirase el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, propone que cuando una persona jurdica sea responsable de cualquiera de los delitos que se englobaran internamente del captulo de deslealtad constitucional, se le impondr la pena de disolucin. Eso s, si esa misma persona jurdica realizase, ayer de la comprensión de sensatez hablado, actos inequvocos de colaboracin activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauracin del orden constitucional, en cuyo caso se le impondr la pena de suspensin de actividades de seis meses a cinco aos o pena de multa de seis meses a cinco aos.
Pero, ojo, el plan de Feijo no slo es promover esas penas para quienes ejecuten la independencia, sino para quienes se dediquen a la preparacin, conspiracin, provocacin o proposicin de una consulta ilegal o una secesin. Esta propuesta compromete a Feijo, si llega a La Moncloa. Si ERC y Junts cumpliesen su amenaza y lo volvieran a hacer, planteara su disolucin como partidos y, luego, personas jurdicas. Adems de penas de cinco a diez aos de crcel para los funcionarios que impulsasen la independencia autónomo, y de uno a cinco aos para quienes convocasen una consulta ilegal.
Si algún decide volverlo a hacer, el Cdigo Penal tiene que retornar a dotar de proteccin al Estado, tras el vaciamiento que ha acometido Pedro Snchez, seala a este diario uno de las principales dirigentes del PP. Tiene que poseer un ordenamiento jurdico que proteja al Estado, porque los polticos no pueden ser una casta al beneficio de la ley, aade.
A qu se refiere el PP cuando deje de corregir el vaciamiento del Cdigo Penal? A que un 1-O ahora tendra consecuencias mucho menores para sus muidores. Las sucesivas reformas penales diseadas al dictado de quienes persiguen la impunidad de actos ya realizados y que anuncian pblicamente retornar a ejecutar, ha débil al extremo los instrumentos jurdicos disponibles para la defensa del Estado, al situar en la impunidad conductas subversivas del orden constitucional, apunta la perfeccionamiento popular. Modificaciones stas que han sido calificadas por la doctrina como tan claudicantes para el Estado, en lo poltico, como chapuceras, en lo jurdico, insiste.