El precio por el apoyo de Junts a la votación mañana en el Congreso para convalidar los tres primeros decretos del Gobierno (6/2023, 7/2023 y 8/2023) es un plan para sancionar a las empresas que cambiaron de sede social y dejaron Cataluña en 2017 para escapar de los mercadería del ‘procés’. Según ha superior ‘La Vanguardia’ y han confirmado a torrevieja news today desde Junts.
En el ámbito de las negociaciones para sacar delante los citados decretos, Junts ha requerido la retirada de los mismos y su presentación por separado, una forma de no poner en peligro las medidas de coraza social para así poder modificar aquellos aspectos que, a criterio de la formación que lidera Carles Puigdemont ponen en peligro la aplicación efectiva de la ley de Condonación una vez se apruebe de forma definitiva.
Ahora ha trascendido que otra de las exigencias del independentismo incide directamente en uno de las consecuencias más sensibles de todo el proceso catalán, la marcha de numerosas corporaciones huyendo de la inestabilidad política y jurídica. Se estima que rondan las 9.000, según los últimos datos proporcionados a este folleto por los Registradores de España.
La pretensión de revertir esa diáspora es uno de los objetivos más o menos consensuados entre el grosor de los partidos y la clase empresarial catalana. Unos por la vía de ofrecer estabilidad y normalización, otros, es el caso de Junts, según se confirma ahora, por la vía de la consentimiento. Según ha trascendido, tras la retirada de los decretos y su presentación por separado, este partido reclama una reforma de la ley de Sociedades de Caudal con objeto de aprobar incentivos fiscales para las empresas que se quedaron en 2017, y, a la vez, condicionar la concesión de ayudas y subvenciones a las firmas que manteniendo sus centros operativos en una comunidad tienen su sede social en otra.