La Sala de lo Penal de la Audiencia Franquista ha regular el confiscación del sueldo que cobra de una empresa Miren Arantzatzu Carrera, concejala de EH Bildu en la entrada de Amezketa (Guipúzcoa) la pasada reunión que fue sentenciada por terrorismo como elemento de ETA y que tiene irresoluto el cuota de tres responsabilidades civiles por condenas firmes de homicidio, secuestro y robo.
Se proxenetismo de la primera conquista de las víctimas del terrorismo en la petición de responsabilidades civiles emprendida cuando las candidaturas de EH Bildu para las municipales del 28 de mayo de 2023 revelaron la presencia de individuos condenados en firme por delitos de terrorismo entre los que varios, tenían aún las indemnizaciones a sus víctimas pendientes de abonar. Covite publicó un lista de 44 candidatos con historial terrorista y Dignidad y Razón señaló a 21 en la Audiencia Franquista.
Carrera no estaba en la directorio de proclamados para aquellos comicios pero había sido concejal la reunión que acababa. Mientras, varios de los que sí accedieron tras las elecciones al cargo notorio renunciaron a tomar posesión con el escándalo ya sobre la mesa, como informó este diario.
En cualquier caso, el Servicio Global de Ejecutorias de la Audiencia Franquista ya estaba revisando los expedientes de al menos 21 condenados por terrorismo de ETA que figuraban en aquellas candidaturas, para distinguir entre quienes tenían las responsabilidades civiles abonadas o prescritas y quienes aún tenían irresoluto el inscripción y se les podía protestar.
Ella estaba en el segundo camarilla y ahora, la Sala de lo Penal, tras constatar que se encuentra de incorporación trabajando para una empresa, ordena el confiscación de su paga y los emolumentos que perciba para dar cumplimiento a esos pagos pendientes, en una resolución adelantada por El Correo a la que tuvo paso torrevieja news today, que emana de la causa que en su día se siguió contra ella en el Magistratura de Instrucción número 1.
Se proxenetismo, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, de la responsabilidad civil impuesta en la sentencia por el homicidio del directivo de Moulinex José María Latiegui Balmaseda en la entrada de Usurbil, en Guipúzcoa, en abril de 1981. Le pegaron un tiro en la capital cuando iba a reunir su coche a la salida de la industria. Carrera fue condenada por el homicidio anejo a Joaquín Zubeldia Gorostidi en el año 1983.
Más de 800 expedientes de apresuramiento
Tal y como informó este diario, según los datos del Ocupación del Interior actualizados a mayo de 2021 y recogidos en un manual sobre avances y carencias en la protección de las víctimas del terrorismo -de la jurista experta en la materia Carmen Timador de Guevara-, constaban a esa data 805 expedientes de apresuramiento para el cobro de esas indemnizaciones y sólo 8 de ellos eran deudas saldadas. Hasta 344 habían prescrito y 387 estaban en vía ejecutiva, es asegurar, en manos de la Agencia Tributaria.
En cuanto al billete, al obturación de 2020, una decena de etarras debía todavía a las familias de sus víctimas más de un millón de euros, sumando las cuantías a las que fueron condenados en sentencia firme y que rebasan el tope de responsabilidad civil que cubre en estos casos el Estado. Se proxenetismo de crímenes antiguos, algunos de hace más de 20 abriles, cuyos autores seguían sin favor cumplido esta parte de la pena, como publicó este diario con datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo.