Pero hay más inmuebles con inquilinos asentados de forma ilegal, pero sin denuncia, según los datos de la Pacto Galega de Empresas Inmobiliarias. Según Fegeim, “a lo espléndido del 2022/2023 se han producido más de 1.500 propiedades ocupadas ilegalmente en el conjunto de los 313 concellos de Galicia”, y advierte que “estás estimaciones no se corresponden a las denuncias presentadas oportuno a la duración del sistema jurídico y una carta que no soluciona la tremenda inseguridad jurídica en este engorroso tema”.
La mayoría de las okupaciones de las propiedades de particulares provienen de viviendas sin moradores al ser de herencias, según explica Iglesias. “La problemática de la okupación de una propiedad se está cronificando en Galicia, constituyendo ya un serio problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando en las grandes ciudades y municipios costeros más turístico”, añade. En la ciudad de Ourense, la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas y varias calles del casco antiguo, el distrito de O Vinteún, la avenida de Portugal, avenida de Zamora, Mariñamansa y el distrito de O Couto son los lugares con más presencia de extraños en casas sin habitar por sus dueños.
Para Fegeim, es fundamental “enmendar la Ley de Causa Civil y la Ley de Causa Penal, con el fin de que los procedimientos de desahucio se lleven a límite por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sin esperar la autorización jurídico”.
Los agentes solo en los casos de invasión de morada (el delito que contempla la entrada en domicilio ignorante sin consentimiento de su titular) pueden desalojar las viviendas de inmediato siempre que haya permiso del morador y con denuncia previa. En las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada habitual del propietario, pueden hacer si hay una orden jurídico, encima de la intención manifiesta del propietario de recuperar la posesión. a excepción de que puedan intervenir acordado cuando se comete la infracción con violencia.