El documento, habitable en la Plataforma de Contratación del Estado, señala que una vez finalizada la concesión el 19 de noviembre de 2029, “estas infraestructuras pasarán a ser gestionadas directamente por el Empleo sin cobro de peaje al afortunado”, al igual que sucedió desde 2018 con la AP-1 (Burgos-Armiñón), AP-4 (Sevilla-Cádiz), AP-7 (Alicante-Valencia-Tarragona y Tarragona-Barcelona) y AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo).
Como resultado de la tolerancia de las autopistas, es previsible que estas vías atraigan tráfico de otras carreteras libres de peaje, en particular la N-VI, la N-110 y la N-603, así como de vehículos que podrían circular oportuno a la reducción del coste generalizado.
Esto podría tener repercusiones, según el Empleo de Transportes. Por ejemplo, la posible insuficiencia de capacidad en algunos enlaces de la autopista con otras carreteras, lo cual “podría requerir la remodelación de los enlaces existentes o la instalación de nuevos en otros lugares”.
En el documento, el empleo prevé a evaluar la construcción de nuevos enlaces o la alivio de los existentes para mejorar la accesibilidad al división y las condiciones de explotación de las autopistas.
Asimismo se calma una descuido de capacidad en las áreas de servicio existentes para atender la longevo demanda, especialmente de vehículos pesados, lo que podría requerir la ampliación de las existentes o la búsqueda de ubicaciones para nuevas gasolineras.