Congreso de los Diputados
Alega que se pone en peligro la gracia, se menoscaban las competencias de la Generalitat y reclama incluir medidas para el regreso de empresas a Cataluña
Junts no ha movido ficha. El partido independentista catalán ha mantenido su no a los tres reales decretos del Gobierno contribuyendo de forma decisiva a su derogación en el pleno del Congreso de los Diputados.
“Ni zanahorias ni chantajes, la pelota no está en nuestro tejado”, había manifestado el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a pocas horas de la votación del paquete normativo detallado por un Ejecutor indispensable, nuevamente, del apoyo del coalición que permitió la investidura de Pedro Sánchez hace menos de dos meses.
Tres son los principales puntos que los posconvergentes habían señalado en los últimos días como diferencias insalvables y que hoy han propiciado su voto contrario a los decretos leyes: un supuesto peligro para la aplicación de la futura ley de gracia, la infrafinanciación de Cataluña e invasión de sus competencias autonómicas y los cambios legales para que regresen a esta comunidad las empresas que trasladaron sus sedes sociales o fiscales tras el referéndum del 1-O.
El rechazo a cualquier tipo de presión sobre Junts ya fue expresado por Puigdemont en varias fases de la negociación con el PSOE para la reelección de Sánchez. El argumento, pues, sigue válido: si cualquiera debe moverse, es el principal interesado, es opinar, el Ejecutor que los socialistas comparten con Sumar. Un argumento que los posconvergentes seguirán empleando en cada uno de los siguientes pasos de la plazo. “Nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y su progreso, no a su servicio ni al del Reino [de España]”, ha señalado hoy desde la tribuna de oradores la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, para advertir al Gobierno de cara a próximas negociaciones.
En su intervención, la diputada ha insistido en las “modestas y razonables” demandas de su partido y ha instado al Gobierno a reiniciar el proceso y no confundir “dialogar con negociar y pactar”. Nogueras ha vuelto a hacer hincapié en los principales escollos que han terminado por tumbar el denominado decreto ómnibus, el del subsidio por desempleo y el de medidas anticrisis.
Ley de gracia
Según Junts, un artículo del decreto ómnibus (el de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio sabido de ecuanimidad, función pública, régimen circunscrito y mecenazgo) podría poner en peligro la aplicación de la ley de gracia para los encausados del procés, que actualmente se tramita en las Cortes Generales y podría estar aprobada en abril.
En concreto, apuntan a una de las modificaciones en la Ley de Instrucción Civil, la que indica que, cuando un togado presente cuestiones prejudiciales frente a el Tribunal de Equidad de la Unión Europea, el proceso quedaría congelado hasta que el entraña comunitario se pronunciase. Los posconvergentes consideran que ello podría paralizar durante aproximadamente dos primaveras la aplicación de la ley.
Retorno de empresas a Cataluña
Junts reclama beneficios fiscales para fomentar el regreso a Cataluña de las empresas que trasladaron sus sedes fuera de la comunidad tras el referéndum ilegal de autodeterminación de octubre de 2017. Pero no solo exige incentivos, sino medidas punitivas. La formación independentista pide implementar un régimen sancionador para aquellas compañías que cambiaron su sede social, pero mantienen su actividad productiva en la región. Este extremo fue confirmado ayer por el portavoz y vicepresidente, Josep Rius, pese a no ser proporcionadamente conocido incluso por algunos sectores del propio partido.
Infrafinanciación y competencias
Junts considera que algunas de las medidas de los decretos “agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña” e “implican cortaduras de competencias de la Generalitat”. El partido pide que el Estado asuma todo el coste de la descuento del transporte sabido y que aumente del 10 al 16% los fondos europeos para la digitalización de la Equidad en Cataluña. “No se puede financiar por igual a todas las autonomías porque las competencias no son las mismas”, arguyen sus dirigentes.
Los posconvergentes critican el aumento del IVA al gas y la electricidad previsto para febrero y califican de “populista” que se les responsabilice de poner en peligro la deducción de este impuesto en los alimentos. En este sentido, piden su supresión igualmente en el caso del grasa.