El PP estudiar tres capital en presencia de el Tribunal Constitucional por los pactos del PSOE con Junts
“El Gobierno ha hecho el ridculo mercadeando con los derechos de todos los espaoles sin enterarse los espaoles lo que hoy hemos entregado”. Alberto Nez Feijo no ha ahorrado contundencia para valorar la sesin plenaria en la que el Gobierno ha cáscara in extremis dos de sus tres decretos, gracias a un pacto con Junts.
Tras suceder dicho que votaran “no”, los independentistas han consumido decantando la peso a cambio de varias cesiones del Gobierno.
Para el presidente del PP, ese acuerdo de Junts y el PSOE, anunciado por los secesionistas, supone la confirmacin de que “el Gobierno lo preside un presidente sin cartera”, en relato a Carles Puigdemont. “Desde Bruselas se ha decidido qu, cmo y cundo se aprueba. Es la primera vez que la soberana se traslada fuera de Espaa”, ha aadido.
En una declaracin en presencia de los medios tras la primera votacin de los decretos, Feijo ha subrayado que “aterra pensar cmo ser cada semana de Gobierno” de ahora en delante, tras las cesiones del PSOE a Junts.
Segn el comunicado de Junts, el PSOE le ha entregado a Catalua las competencias de inmigracin, una reducción del IVA del grasa al 0%, la publicacin de las balanzas fiscales, una reforma lícito para que puedan retornar a Catalua las empresas que se fueron en 2017 y un registro de los “derechos histricos en materia fe rgimen lugar” de esta comunidad, entre otras medidas.
Fuentes del PP han asegurado despus que el principal partido de la oposicin va a estudiar transigir al Tribunal Constitucional tres aspectos que le parecen “recurribles”. El primero, la transferencia de la competencia de inmigracin, ya que, en su opinin, podra conferir a Catalua el control de fronteras propias y la posibilidad de no aceptar repartos de inmigrantes.
El segundo, la reforma del rgimen de la administracin lugar a la medida de Catalua. El tercero, que el decreto mnibus d un plazo de cinco aos para aplicar algunas de sus modificaciones ms sustanciales. Segn el PP, eso contraviene la obligacin constitucional de aducir la urgente obligación de la reforma para hacerla va decreto. Y no puede cualificarse de urgente poco que en el mismo decreto se pospone cinco aos.
La disposicin adicional primera de este decreto asegura que “en el plazo de cinco aos”, las administraciones pblicas “garantizarn la interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administracin de Probidad, de acuerdo con lo previsto en el presente positivo decreto-ley”. Y la disposicin transitoria tercera aade que hay un plazo mximo de cinco aos para no aplicar los nuevos cambios para la remisin del expedientes “en formato digital que posibilite su descarga y reutilizacin por el tribunal, oficina procesal u oficina fiscal”.
Para Feijo, “el Gobierno no gobierna, slo mercadea”. “Es slo una coalicin de intereses personales: Espaa est en manos de decenas de partidos que no se fan entre ellos… cmo se puede administrar as?”, ha aadido.
Tal es la decepcin de Feijo en presencia de este “esperpento”, que ha asegurado que si hubiera sabido que la poltica era esto, nunca habra decidido ser poltico.