En el PP sopesan presentar una batera de enmiendas de supresin contra el articulado de la ley
Las formaciones parlamentarias ultiman con el asesoramiento de expertos las enmiendas que presentarn el prximo martes a la proposicin de Ley de Amnista. Todas trabajan con bistur sobre una iniciativa que polariza a la sociedad y divide a los juristas; una propuesta firmada por el PSOE a cambio de conseguir los apoyos que necesitaba Pedro Snchez para ser investido presidente del Gobierno, pero que no concita el respaldo unnime ni del votante socialista ni de sus bases, conscientes de que su partido rechazaba de plano esta concesin al secesionismo por considerarla hasta hace seis meses claramente inconstitucional.
El Gobierno, el PSOE y sus socios se afanan ahora en presentar la proposicin de ley como plenamente encajable en el situación de la Carta Magna: los primeros, por la escazes imperiosa de sostenerse en el poder y los segundos, porque les va en ello el borrado de los delitos cometidos durante el procs y el invasión del camino para sus aspiraciones independentistas. As, con la horizonte puesta en el fin, unos y otros se preparan para alcanzar sus objetivos.
Los partidos rupturistas negocian con PSOE y Sumar sus enmiendas parciales al objeto de que las que consideran esencia sean aprobadas. No ha emplazamiento a demasiados cambios habida cuenta de que el Gobierno considera que la propuesta que ya se tramita en el Congreso est medida al milmetro para pasar el filtro del Tribunal Constitucional aun cuando esta instancia, por su flagrante composicin ideolgica, le resulte conveniente.
Los dos partidos del Gobierno estn abiertos como mucho a respaldar enmiendas de carcter tcnico y procedimental tendentes a resguardar el mandato de aplicacin inmediata de la ley a jueces y tribunales. Esto es, que no haya beneficio para la interposicin de plazos, medidas o posibles que posterguen el archivo de procedimientos e instrucciones.
No obstante, como admiten en medios parlamentarios afines al Ejecutante, el coraza no puede afectar a la posibilidad, reconocida por la legislacin comunitaria, de que cualquier rgano procesal implicado en el procedimiento contra los delitos del procs, presente frente a el Tribunal de Jurisprudencia de la UE (TJUE) una cuestin prejudicial sobre la adecuacin de la norma al derecho europeo, poco que de inmediato suspendera la aplicacin de la amnista hasta el pronunciamiento de la instancia europea. En este sentido, fuentes gubernamentales sealan que la concesin a Junts de suprimir la inclusin del artculo 43 bis en la Ley de Crítica Civil recogiendo precisamente los posesiones suspensivos que tiene la presentacin de una cuestin prejudicial frente a la Jurisprudencia europea, es poco simblico y, como mucho, tendente a afirmar que la abogaca del Estado no pueda acudir a tal procedimiento.
Las enmiendas tcnicas y procedimentales, tal y como sealan en Sumar, sern pactadas con las formaciones socias del Ejecutante a fin de que salgan delante sin problema.
Ms dificultades pueden encontrar las que presenten individualmente ERC y Junts. Todos mantienen silencio en torno al contenido de sus propuestas pero s han ido deslizando los objetivos prioritarios que pretenden conquistar con las mismas.
Para los republicanos es importante retocar el artculo 2.c de la proposicin de ley, referido a los delitos que no se beneficiaran de la medida de indulto. Su preocupacin se centra en la figura de actos terroristas porque acogindose a ella podra excluirse de la amnista a los miembros de los CDR y de Tsunami Democrtic, e incluso a la secretaria normal de ERC, Marta Rovira, citada por el enjuiciador de la Audiencia Franquista, Manuel Garca-Castelln, como investigada por un supuesto delito de terrorismo vinculado a las protestas de Tsunami, cercano a Carles Puigdemont.
Borrs y Boye
En el caso de Junts, adems de resguardar la aplicacin de la norma a fin de que no haya tiempo para que los rganos competentes presenten cuestiones prejudiciales o como mnimo dificultar estos procedimientos al mximo, el objetivo pasa por ampliar el foco de la amnista a fin de amparar casos como el de Laura Borrs, presidenta de Junts, o de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont. Esta pretensin suscita el rechazo del PSOE porque rozar los lmites de la malversacin, un delito no amnistiable segn las leyes europeas, podra dar al traste con toda la ley.
Para el PP, las enmiendas parciales suscitan el problema de que al presentarlas se interprete que aceptan la norma. El PP interpuso una remedio a la totalidad con texto independiente que fue rechazada, de guisa que ahora sopesa la posibilidad de presentar una batera de enmiendas de supresin contra el articulado, trufadas por un puado de propuestas tendentes a recuperar el delito de sedicin agravado y el de celebracin ilegal de referndum.