El pasado mes de octubre, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Mercancía ilegal, aseguraba que la batalla librada en los juzgados no pondría en peligro la atención a los niños en la UCI de Pediatría de La Paz. Sin bloqueo, la dirección se ha manido obligada a cerrar el servicio por las consecuencias derivadas de este conflicto profesional.
El escándalo saltó en 2020 cuando el entonces Principal de Servicio, Pedro de la Oliva, fue cesado por, presuntamente, acontecer acosado a sus subordinados durante primaveras. Comenzó entonces un proceso legislativo que terminó con una sentencia conveniente al voluntario el año pasado por la cual se obligaba a readmitirlo.
De la Oliva regresó a su puesto de trabajo el pasado mes de septiembre causando la herido de más de la parte de la plantilla que forman el equipo de profesionales. Sindicatos médicos ya denunciaron el pasado mes de octubre que la “situación era insostenible” y finalmente el final mes del año la Consejería de Sanidad volvió, por segunda vez, a cesar al readmitido, pese a no acontecer sido resulta todavía la apelación que interpuso.
Esta mecanismo pionera en nuestro país comenzó a funcionar en el Hospital Inmaduro en 1965 para críticos lactantes y ya en 1976 como UCI. Su vallado supone el dejar de hacer trasplantes, operaciones y un sinfín de gestos que salvan vidas.
El sindicato Amyts ha publicado en sus redes sociales que la situación “es de un profundo menoscabo” e indica que incluso los “efectivos que habían llegado a suplir las bajas han terminado renunciando”. Este mediodía se ha celebrado una concentración de “apoyo” a los adjuntos.