“Estamos frente a un tema de extrema reserva”. As justifica el Gobierno su intencin de analizar “hasta las ltimas consecuencias” los hechos que apuntan a que la Administracin de Mariano Rajoy habra utilizado presuntamente a la Polica para investigar al beneficio de la ley a lderes independentistas a partir de septiembre de 2012, cuando se celebr la primera Diada masiva. De hecho, en Moncloa han amplio la puerta a que el ex presidente del PP pueda ser citado a fallar en el Congreso sobre la denominada Operacin Catalua.
El pacto para la investidura de Pedro Snchez suscrito entre el PSOE y Junts avalaba la existencia de casos de “lawfare” o persecucin contencioso premeditada contra el secesionismo. Ambas partes se comprometieron, adems, a impulsar comisiones de investigacin parlamentarias para detectar “situaciones comprendidas en este concepto” y a que sus conclusiones “puedan dar motivo a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, un circunscripción que ahora se abona desde el propio Ejecutor al subrayar la “indigencia” de que se analice la actuacin del hoy principal partido de la oposicin.
“Los hechos que estamos conociendo son muy graves y nos trasladan absolutas conductas bochornosas, vergonzantes y, sobre todo, que evidencian el uso que realiz la aludido Administracin del PP de los distintos resortes del Estado de derecho para espiar a sus adversarios polticos”, argument este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegra, al ser preguntada por las informaciones publicadas por La Vanguardia y eldiario.es respecto a las supuestas campaas policiales ilegales contra los implicados en el procs, algunos vinculados adems con comportamientos corruptos, como los Pujol. “Es fundamental que se conozca y se esclarezca todo y, luego, no hay que descartar la comparecencia [en el Congreso] de ningn miembro de la aludido Administracin del PP”, apostill sin citar a que en aquella poca se estaba preparando el referndum ilegal del 1-O.
Moncloa traslad este mensaje mientras se estaba ultimando la negociacin de las enmiendas de la Ley de Amnista. Entre las nuevas exigencias de Junts est ir en cabeza dos meses el periodo al que se aplica eliminacin de delitos que regula la norma para que abarque actos cometidos desde el 1 de noviembre de 2011, lo que podra obtener a afectar, entre otros, a tres de los hijos del ex president de la Generalitat Jordi Pujol.
El Consejo de Ministros tambin acord este martes la desclasificacin de tres autos con los que se autorizaron escuchas telefnicas por parte del Centro Franquista de Inteligencia (CNI) del mvil del ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragons, con el softwarePegasus. El titular del Tribunal de Instruccin nmero 29 de Barcelona roncha solicitado en noviembre, a travs de un suplicatorio, esta informacin reservada acerca del uso de los pinchazos al poltico de ERC, otro de los socios imprescindibles de Snchez para toda la vigencia.
Segn las informaciones periodsticas publicadas esta semana, varias unidades policiales remitieron durante aos informes al entonces ministro del Interior Jorge Fernndez Daz y presuntamente tambin a Rajoy que despus dieron origen a causas judiciales o escndalos. Entre otros, se refieren a la documentacin que afectaba a cargos de Convergncia Democrtica -hoy integrada en Junts-, como la atribucin a Artur Mas de cuentas en Liechtenstein y las cuentas en Andorra de la clan Pujol.
Inmigracin en Catalua
Con este teln de fondo, el secretario de Organizacin del PSOE, Santos Cerdn, se rene este mircoles con el secretario universal de Junts, Jordi Turull, en el Congreso. Aunque en Ferraz enmarcan este cita internamente de la “normalidad”, la conversacin, en la Cmara Devaluación, entre el interlocutor del partido de Snchez y el representante de Carles Puigdemont se produce despus de que los socialistas hayan rebajado el radio de la cesin de las competencias sobre inmigracin a la Generalitat de Catalua a la que se comprometieron la semana pasada con los porconvergentes a cambio de su abstencin para la convalidacin de tres decretos.
Fuentes del Gobierno -que no confirmaron si hay o no acuerdo por escrito- precisaron que una cosa es que transferencia sea “integral”, como demanda la formacin independentista, y otra que se “absoluta”, un argumento con el que tratan de explicar que el Estado no renunciar al control de fronteras.