la guerra de informes entre Gobierno y letrados del Congreso sobre su constitucionalidad



Una de las medidas que adoptó Francina Armengol cuando fue elegida presidenta del Congreso el pasado verano fue sustituir al erudito veterano de la Cámara. Eligió como sustituto a Fernando Galindo, un detención cargo del gobierno de Pedro Sánchez. Se esperaba que emitiera un referencia positivo sobre la ley de remisión y así lo hizo.

Galindo permitió la tramitación de la ley de remisión, al contrario de lo que había establecido el antecedente erudito veterano con otra proposición de ley de remisión planteada por Esquerra Republicana en 2021. Alegó que eso sería inconstitucional. Encima, Galindo apartó a Manuel Fernández Fontecha, el erudito de la comisión constitucional, donde se suponía que se iba a forcejear la ley y que podía emitir un referencia imagen. Finalmente, la ley de remisión se debatirá en la comisión de ecuanimidad y sus letrados ya han emitido su referencia.

Lo sorprendente es que los letrados adscritos a esa comisión de Neutralidad han emitido un referencia imagen sobre la ley de remisión en el que dicen lo mismo que decían el presidente del Gobierno, sus ministros y el Partido Socialista hasta antaño de las elecciones del pasado mes de julio, que la ley puede ser inconstitucional y que para aprobarla “debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional”, poco increíble sin el apoyo del PP.

Encima, los letrados recuerdan en su referencia que ya en 1977, cuando el parlamento elaboraba la Constitución, se presentaron dos enmiendas que pretendían incluir la remisión como un artículo más en ese texto constitucional. Sin requisa, las Cortes Generales de la época las rechazaron. Rechazaron que la remisión fuera incluida expresamente en la Constitución que se aprobó en 1978.

De esta guisa, las Cortes Constituyentes pudieron tener incluido la remisión en la Constitución, pero decidieron no hacerlo. Eso es lo que ahora incluyen los letrados del Congreso en su referencia. Por su parte, el gobierno, en su intento de salir ileso de este percance, rebusca entre cientos de dictámenes hasta que da con uno de hace casi seis primaveras.

El referencia que cita el ministro Félix Bolaños es de marzo del año 2018. Hace relato a unos guardias civiles que fueron sancionados por reivindicar su derecho de asociación. En el postrer punto del texto de nueve páginas se deje de la remisión en el ámbito de la Constitución, pero hay otro referencia, aunque este no lo cita el gobierno, que es más nuevo, de mayo de 2021, en el que no se admitió una proposición de ley de remisión de Esquerra Republicana al considerar que era inconstitucional.

En este punto, nos encontramos delante una supresión de informes. Los que dicen que la remisión es inconstitucional son aquellos que utilizaba el PSOE antaño de las elecciones para oponerse a la remisión. Ahora, los socialistas se apoyan en los informes que insinúan que la remisión sí podría ser constitucional.

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