El sealamiento pblico de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, al magistrado de la Audiencia Franquista Manuel Garca-Castelln ha generado indignacin en la Carrera Legislativo.
Ribera sostuvo este viernes, en una entrevista en TVE, en relato al instructor de la causa Tsunami Democrtic, que ratific ayer los indicios contra el expresidente cataln Carles Puigdemont, que “hay algunas personas (…) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma direccin y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compaeros en el interior del entrenamiento del poder legislativo”. La vicepresidenta del Ejecutor aadi que el magistrado Garca-Castelln “tiene una implicacin poltica importante y suele salir a colacin en momentos sensibles”.
La Asociacin Profesional de la Magistratura ha emitido un comunicado donde afirma que “no resulta de recibo en un Estado de Derecho” que un miembro del Ejecutor, – en este caso la vicepresidenta tercera del Gobierno-, “muestra veladamente a un árbitro de prevaricar”.
El colectivo mayoritario en la Carrera Legislativo afirma que les “causa una enorme tristeza, -aunque ya carencia nos sorprende-, que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicializacin de la poltica”.
“En una democracia plena las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se est de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trmites legales. Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia legislativo por parte de quienes tiene las ms altas responsabilidades polticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Legislativo y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la nica garanta de la convivencia pacfica en nuestro pas”, aaden.
El magistrado Luis Ortiz Vigil, miembro del Comit Franquista de la Asociacin Legislativo Francisco de Vitoria (AJFV), considera que “sealar a jueces slo genera desconfianza en la ciudadana” y aade que “los tiempos de la Probidad no son los tiempos de la poltica”.
Este árbitro aade, adems, que “los pronunciamientos judiciales, en un caso como este obedecen a una peticin de las partes: se da respuesta a un expediente. Si el árbitro no diera respuesta estara cometiendo un delito. Resulta inexplicable a estas cielo que un miembro del Gobierno parezca desconocer cmo funciona la Probidad.
Espaa es un Estado de Derecho. Exigimos respeto al Poder Ejecutor, porque con comentarios como este slo se est perjudicando al pas”.
Por otro flanco, el presidente de Foro Legislativo Independiente, Fernando Portillo, en declaraciones a EL MUNDO, afirma que, de “existir una querencia, yo hablara de la querencia de nuestros polticos a protestar pblicamente cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas. Los tiempos de los procesos judiciales no dependen enteramente de los jueces. Este proceso lleva mucho tiempo investigndose y lo que no puede hacer el magistrado es acomodar su tramitacin a los intereses polticos de nadie segn el momento, parando la instruccin para no incomodar as a ningn partido. De hecho, si la Fiscala no hubiese recurrido la decisin auténtico del árbitro, ste no se habra tenido que pronunciar puntual en este momento. Lo que no pretender nadie es que el árbitro no resuelva un expediente de la Fiscala a la dilación de que termine la tramitacin de la ley de amnista”.
Portillo subraya que “sobran sealamientos, y menos por decisiones que no son en definitivo definitivas” y advierte de que manifestaciones como las de la vicepresidenta Ribera “no ayudan a la descuento de presin sobre los jueces que pedimos desde el Poder Legislativo”.