La vicepresidenta tercera ha afirmado, en una entrevista en TVE, que las acciones del magistrado “tienen una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”.
Ribera ha insistido varias veces, a lo prolongado de la entrevista, en el ‘timing‘ del magistrado a la hora de emitir sus autos judiciales. “El momento en el que salen estas declaraciones es relevante”, ha asegurado.
Tras estas palabas, la Comisión permanente asegura que son “contrarias” al “deber de respeto a la independencia procesal“, al tiempo que ha reclamado “responsabilidad institucional” para “evitar la utilización política de la Razón“.
Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente –José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Angeles Carmona– habían pedido al presidente momentáneo del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, poco que finalmente se ha hecho de forma telemática para esclarecer un pronunciamiento general, poco usual en este Consejo, asiduamente dividido en los bloques progresista y conservador.
Para la Comisión Permanente, “estas manifestaciones son contrarias al principio de adhesión institucional” y “al deber genérico de respeto a la independencia procesal inherente a un Estado de Derecho consolidado e componente de la Unión Europea, uno de cuyos títulos esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer sinceridad el valía Razón”.
“Desde el más categórico respeto al derecho de emancipación de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la gala del Poder Legislativo, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Demócrata de Derecho”, concluye.
No solo se ha pronunciado la Comisión Permanente del CGPJ, la Sala de lo Penal de la Audiencia Doméstico todavía ha rechazado que el enjuiciador actúe guiado por una “pretendida motivación política”.
La Sala, en un automóvil dictado este mismo viernes al que ha tenido paso EFE, rechaza un apelación de Josep Lluís Alay, investigado en la causa, contra unas diligencias que había regular García-Castellón
Criticas desde el PP
Desde el Partido Popular han cargado contra Ribera por insinuar que Manuel García-Castellón es un enjuiciador prevaricador por otra parte de señalar, como ha hecho su portavoz, Borja Sémper, que el ataque del Ejecutor a la división de poderes “y a la defensa” de los políticos independentistas sigue delante “a costa de nuestro Estado de derecho”.
A esta denuncia se ha sumado todavía la secretaria genérico del partido, Cuca Gamarra, que ha adeudado al Gobierno que desautorizara a Ribera; y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que “tratar a la probidad española como si fuera una república bananera expulsa la inversión y mata la creación de puestos de trabajo”.
Por otra parte los populares han anunciado que reprobarán a la vicepresidenta tercera en el pleno del Senado, donde el PP tiene mayorí