La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, criticó en una entrevista al magistrado de la Audiencia Doméstico Manuel García Castellón al considera que tenía “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”, tras insistir el magistrado en la juicio terrorista en la causa sobre Tsunami Democratic, en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un supuesto delito de terrorismo. “Yo sería muy cauta con respecto a la modo en la que se estaba pronunciando este magistrado, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles”, aseguró Ribera. Sus declaraciones provocaron un tormenta que ha enfrentado a la judicatura con los miembros del Gobierno.
En este sentido, la Comisión Permanente del Consejo Militar del Poder Jurídico (CGPJ) aprobó ayer por unanimidad expresar su “concluyente rechazo” a las críticas de Ribera al considerar que son “contrarias” al “deber de respeto a la independencia sumarial”, al tiempo que reclamó “responsabilidad institucional” para “evitar la utilización política de la Probidad”. Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente -José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona- habían pedido al presidente momentáneo del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, poco que finalmente se hizo de forma telemática para relumbrar un pronunciamiento acorde, poco usual en este Consejo, asiduamente dividido en los bloques progresista y conservador.
Independencia sumarial
Para la Comisión Permanente, “estas manifestaciones son contrarias al principio de nobleza institucional” y “al deber común de respeto a la independencia sumarial inherente a un Estado de Derecho consolidado e parte de la Unión Europea, uno de cuyos títulos esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer efectividad el valencia Probidad”.
Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Doméstico defendió al magistrado negando que actuase con “una pretendida motivación política a modo de respuesta sumarial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de indulto”. Así se expresaron los magistrados de la Sección Tercera en un utilitario en el que avalan las diligencias de investigación acordadas por el titular del Audiencia Central de Instrucción Número 6, al tiempo que rechazan las acusaciones vertidas por el patriarca de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa.