El Tribunal Supremo indicó que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, llevada a lado por la Delegación de Gobierno, fue “ilegal” por la “absoluta inobservancia” de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe “de forma lapidaria” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El ministro aseguró que el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, pero insistió en que las autoridades competentes en la materia “actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento judicial y siempre bajo el principio del interés superior del beocio”.
Estas declaraciones las ha realizado antaño de comparecer en la comisión de Interior. Pero estas explicaciones no convencen siquiera a los socios del Gobierno. Según Sumar fue una interpretación “bárbara e inhunama”. Hablamos de un momento en el que una avalancha de 12.000 marroquíes cruzó de forma ilegal la frontera de Ceuta, de ellos 1.500 eran niños.
El ministro saco así pecho por su mandato migratoria adentro de una política de “seguridad humana” y avanza que la mantendrá en los próximos abriles emplazando a los socios parlamentarios del Gobierno a retomar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, tras fracasar la negociación en la antecedente lapso.
Adicionalmente, ha pedido a PP y Vox, citando a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones sobre los migrantes de Alcalá de Henares “no propalar mensajes de miedo y de odio”. “No existe correlación entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular”.