Los comuneros y vecinos del Trigal avivan sus diferencias

El enfrentamiento entre la presente comunidad de montes en mano popular de Portela-Trigal, en Carballeda, y los vecinos que afirman que este entraña les niega el derecho a ser comuneros es cada vez más ancho. En la mañana de ayer, Sara Buitrago denunció delante la Agente Civil que personal de seguridad privada le impidió ingresar a la asamblea de comuneros, al igual que sucedió con otros dos habitantes de la plaza. Aseguró poseer una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmando su cualidad de comuneros, una circunstancia que vendría confirmada por aparecer en el registro de montes comunales en mano popular.

La entrada a la asamblea, que se desarrolló en la antigua escuela del Trigal, les fue denegada a las 11,00 horas, transcurridas dos horas desde la primera convocatoria. Fueron tres los puntos aprobados por unanimidad de los asistentes: las cuentas de 2023, un reparto financiero entre comuneros y las próximas campañas de desbroce.

Pedro Rodríguez, presidente de Agromacen (Agrogandeira do Compacto Central), colectivo que asesora a juntas de montes en la provincia, criticó la comportamiento de la que preside Odilo Fernández y reclamó la intervención del Servicio de Montes. “Independentemente de que se impugnen os acordos por ilegais. O Servicio de Montes debe comportarse en consecuencia. Non junto a senón inhabilitar a tódala xunta de montes”, dijo. Inmediatamente, pasó a despellejar al representante lícito de la directiva de los comuneros y concejal de la concurso municipal de Carballeda, José Antonio Iglesias: “Se lles fan eso aos veciños do seu pobo… é unha vergoña para calquera persoa que teña un cargo sabido”.

El aludido, José Antonio Iglesias, aseguró que la asociación de montes permitirá estar en sus reuniones a las personas que dicen ser comuneros “cuando lo diga el mediador. Mientras, no. Hay que ejecutar la sentencia”. El abogado justificó la presencia de la seguridad privada que cerró el paso a las tres personas que pretendían ingresar a la asamblea en que “nos agredieron la última vez. Estuvo para controlar el entrada”. Respecto a la denuncia, apuntó que el Registro de Montes “no puede dar de inscripción a comuneros”. Siquiera descuidó las críticas contra la Oficina autonómica. “La Oficina tiene que respetar la Ley. Por eso declararon nula la desposeimiento. La Xunta se está extralimitando”.

Sobre la petición de inhabilitación de Rodríguez, Iglesias pidió “que se limite a sus clientes, a nuestra comunidad no le hace desidia”. Adicionalmente, consideró “singular” que los denunciantes “querían regalar el plata de los terrenos a Irosa y Samaca y ahora quieren cobrar”. Adicionalmente, consideró “lamentable que dé apoyo el comité de empresa de Irosa y Samaca, de la CIG”.