Los independentistas pretenden incluir nuevos retoques en la ley de amnistía para sortear el auto de la AN



El árbitro de la Audiencia Franquista que instruye la causa de ‘Tsunami Democràtic‘, Manuel García Castellón, ha puesto por escrito que los ataques que sufrieron dos agentes de policía se llevaron a angla con “talante de agraviar u homicida”, lo que convierte estos hechos en acciones “incompatibles con el derecho a la vida”. De esta guisa, se situarían fuera de la ley de perdón a pesar de la última rectificación introducida en el texto división con Puigdemont.

A consecuencia de esto, en el caso de que la argumento de García Castellón fuese asumida como tal en una sentencia, Puigdemont no podría ser amnistiado, ni siquiera con esta ley que él mismo está redactando. En el utilitario, de Puigdemont se dice que “parece admitir la posibilidad de que pudieran producirse víctimas mortales” en las protestas que se investigan.

De esta guisa, las 29 páginas de utilitario podrían dejar fuera de la perdón a Puigdemont. El árbitro García Castellón cree que “no puede minimizarse” el ataque que sufrieron los agentes y va más allá concluyendo que se manejo de agresiones “incompatibles con el derecho a la vida”, aspecto secreto oportuno a que es una de las excepciones que han pactado el PSOE y los independentistas en la ley de perdón. Lo que querían, de esta guisa, era fortificar a Puigdemosnt y otros merienda investigados por terrorismo. Lo que ocurre con este utilitario es que genera dudas de que puedan ser amnistiados.

El árbitro considera que ‘Tsunami Democràtic‘ no fue “un invitado de piedra” a las movilizaciones y que Puigdemont tenía un “rol de liderazgo” en esa estructura. De hecho, el magistrado explica que hay una prueba especialmente incriminatoria en torno a el expresidente fugado: una conversación telefónica con otro de los investigados en la que Puigdemont decía que “el problema puede venir si hay algún muerto“, lo que para el árbitro significa que tenía asumido que podría favor víctimas mortales en esas protestas.

Heridas muy graves

Esos dos agentes de policía sufrieron heridas muy graves aquel día. Los dos sufren incapacidad total oportuno a las secuelas permanentes de esas heridas. Uno de ellos acabó con una fractura en la cojín del cráneo que le provocó una insuficiencia respiratoria. Se desmayó en pleno activo y sus compañeros tuvieron que trasladarlo de necesidad a un hospital. El árbitro acento en su utilitario de “brutalidad“.

Según el árbitro, las consecuencias son muy claras, puesto que provocaron “lesiones muy graves” en los dos agentes, poco que todavía defiende el abogado de los policías afectados. Las agresiones fueron tan brutales que llegaron a abrir cascos y material protector de los agentes. Sufrieron todo tipo de lesiones. Esta solo fue una de las numerosas protestas de esos días en Cataluña. Del total de 600 heridos, 134 fueron policías nacionales, más de 150 mossos y casi 200 detenidos.

¿Dejará este movimiento sin emoción parte de la ley de perdón?

Lo que ocurre con este nuevo movimiento de la Audiencia Franquista es que podría dejar sin emoción parte de la ley de perdón, que ya se encuentra en la grado final de su tramitación en el Congreso. Los independentistas pretenden incluir nuevos retoques para sortear este utilitario jurídico que se ha conocido este jueves.

A pesar de que el PSOE asegura que la ley de perdón se queda como está, no se va a tocar más y así se aprobará, fuentes de la dirección del PSOE no ocultan que todavía tienen que descifrar de guisa detallada ese nuevo utilitario de la Audiencia Franquista para conocer su significación. Es poco que ha pillado por sorpresa a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a otros tantos ministros, a diputados de Esquerra, o de Junts, quienes se han enterado hoy en los pasillos de la Cámara Desprecio y por las preguntas de los periodistas.

Mientras tanto, Puigdemont insiste en que los magistrados están al servicio de una memorándum política y censura que se pronuncien antaño de que se apruebe la ley. En su partido exigen que se menos a García Castellón del caso o “se le inhabilite”.

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