A principios de año, Augas de Galicia autorizó a la empresa minera San Finx (Lousame) a iniciar el vaciado de los túneles de agua. Si bien aún no se había otorgado el permiso de explotación, la autorización de los vertidos se entiende como una antesala para retomar la actividad minera. Una decisión que tuvo desde el primer momento en pie de guerra al sector pesquero de la Ría de Noia y a los grupos ecologistas. Este jueves, la Plataforma Regional contra los vertidos de la mina de San Finx ha desvelado que los resultados de los análisis realizados por Augas de Galicia, según esta entidad, suponen niveles de cadmio “78 veces mayor” que los valores permitidos en el río San Finx y que atribuyen a la mina.
De hecho, el mismo día el organismo público abrió un expediente contra la empresa propietaria: Tungsten San Finx SL. En un comunicado remitido por la Xunta —después de que la plataforma revelara estas cifras—, Augas de Galicia señala que en los últimos análisis realizados se detectaron valores superiores a los permitidos en cadmio, cobre y zinc, por lo que, en consecuencia, y Tal como marca la normativa, se inició el expediente sancionador correspondiente, según informó EP.
Por otro lado, la Xunta, a través de Augas de Galicia, fijó ayer un plazo para regularizar altas: la empresa minera tiene un plazo de un mes para reducirlos a los niveles exigidos por la ley. La Xunta explica que “para garantizar que el vertido al dominio público hidráulico” cumple con lo establecido en la normativa, es necesario que la empresa ejecute una planta depuradora que trate adecuadamente esa agua. En este sentido, defiende la autorización de la ejecución de este proyecto, que ha sido criticado por la plataforma por los vertidos. A principios de año, desde Ecoloxistas en Acción ya aseguraban que la planta proyectada no iba a ser suficiente para cumplir con los 18 requisitos de vertido marcados por la Xunta.
Ahora, la propia Xunta considera que estas infracciones están recogidas como “serio” en la Ley 9/2010 de Augas de Galicia, por lo que el organismo público ha iniciado el correspondiente expediente sancionador contra la empresa concesionaria. Este tipo de infracción, teniendo en cuenta el tenor de la normativa vigente, puede conllevar sanciones que alcanzan hasta los 300.000 euros. Si el concesionario no aporta prueba documental de que la situación se ha revertido, el incumplimiento podrá incluso dar lugar a la revocación de la autorización de vertido.
procesos judiciales
Cofradías de Noia y Portosín ya habían iniciado acciones judiciales contra la mina. Ahora, han trasladado esta “nueva prueba” al juzgado de instrucción del caso de Noia, al respecto de que ha solicitado que se adopten medidas cautelares para “evitar la continuación del daño”. Al margen de la causa penal, ya están en marcha varios procesos judiciales contra la propia autorización de vertido, en este caso los juzgados de lo contencioso de Santiago, que serán los que deberán decidir sobre la legalidad del permiso otorgado el pasado mes de febrero.