Según anunció la asociación Hablamos españolEsta sentencia judicial que se hizo pública el pasado mes de julio tiene consecuencias desde el punto de vista de que “afecta también a la libertad lingüística», en sentido positivo por sus posturas y exigencias que estudiantes y familias pueden elegir.
“Usaron los campos para enmascarar la inmersión y eludir nuestra reclamación de materias en español”, ha difundido esta entidad que preside lago gloria en sus redes sociales, al considerar que esa estrategia de vincular materias ocultaba una estrategia de promoción de una lengua en detrimento de la otra.
En el centro de esta cuestión está la lenguaje vehicular en el que se imparten las materias, no el aprendizaje del valenciano y del castellano, sino el resto de contenidos del plan de estudios.
Una imposición también rechazada por UGT y OCRE
La sentencia a la que alude el TSJCV rechazó el “imposición» que desde el anterior gobierno tripartito de la Generalitat Valenciana -con el socialista Ximo Puig al frente y compromiso que dirige el Ministerio de Educación- se aplicó a los centros educativos, tal como sostiene el sindicato de profesionales de la enseñanza ANPEquien llevó el caso a los tribunales.
Otras plantas como UGT y también el Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (OCRE) también celebró la sentencia que abordó parcialmente este proceso contencioso-administrativo dejando a cada centro libertad para diseñar su modelo educativo.
En esencia, el TSJCV entendió que la obligación de respetar estos ámbitos y proyectos interdisciplinares no garantizaba la «calidad»deseable de la docencia y puso como ejemplo que un profesor de filosofía podría no demostrar su capacidad para enseñar matemáticas, ya que su escuela o instituto no tenía autonomía para preparar la distribución de las horas de clase en función de su personal disponible.