9 vocales del CGPJ pide un pleno extraordinario por los ataques a los jueces por parte de los socios del Gobierno



“Jueces prevaricadores”, “de partido”, con “dotes telepáticas”, “acusaciones delirantes”… son algunas de las acusaciones que algunos políticos han dedicado a ciertos jueces y en las que se argumenta la petición de 9 vocales del CGPJ de celebrar pleno extraordinario con una única cuestión en el orden del día, el “pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios delante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las Cortes”.

La parte conservadora del CGPJ denuncia estos ataques en el debate de la ley de condonación, “delante la aquiescencia y mutismo” de la presidenta del Congreso, Francina Armengol y traslada la petición al presidente del víscera de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, para que convoque con carácter “urgente” un pleno que trate esta cuestión.

Entre esos socios la más dura sigue siendo la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que citó a García-Castellón y al titular del chancillería de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.

Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz, Wenceslao Olea y Ángeles Carmona son los 9 vocales que han hecho dicha petición.

Adjuntan, adicionalmente, las manifestaciones recogidas en los medios y acompañan su petición con la exposición institucional aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente del pasado día 19 de enero. Aquel día, la Comisión Permanente mostró su “determinante rechazo” a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al enjuiciador Manuel García-Castellón. La vicepresidenta dijo en una entrevista que García-Castellón “tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”, posteriormente de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La Comisión Permanente sostuvo que esas palabras merman la confianza de los ciudadanos en la Imparcialidad y contribuyen al detrimento institucional, por lo que “merecen un determinante rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos”

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